La Contraloría General de la República le pidió este viernes a la Auditoría General que se pronuncie sobre la legalidad del contrato que por $722 millones suscribió la Contraloría con la empresa Bon Sante, en abril pasado para la compra de tapabocas y geles.
En tal sentido la Contraloría le pidió a la Auditoría General de la República, en su calidad de ser la autoridad competente para vigilar la contratación de la Contraloría, para que se pronuncie sobre el contrato de suministro de tapabocas realizado bajo la figura de urgencia manifiesta.
La Contraloría en carta a la Auditoría señala que “en consideración a las diferentes noticias entorno al presente contrato, solicito respetuosamente su pronunciamiento sobre los documentos allegados y que respaldan los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración”.
Precisa la Contraloría que ese contrato de suministro se realizó con la empresa Bon Sante SAS, bajo la modalidad de urgencia manifiesta de conformidad con lo establecido en la Ley 80.