Se conocieron evidencias sobre la aprobación de proyectos del OCAD Paz ignorando advertencias de la Contraloría. Funcionarios que alertaron fueron acusados de pedir coimas.
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) es prácticamente una junta directiva que aprueba proyectos, en este caso con dineros del acuerdo de La Habana. Desde el 2017 ya ha habido sesenta.
OCAD paz
Del OCAD 1 al 38, que empezaron en el 2017, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y con Rafael Pardo como alto consejero para el Postconflicto aprobaron 1.5 billones de pesos en proyectos para los municipios priorizados por lo acordado en Cuba.
En ese entonces el mecanismo de aprobación de los proyectos estaba a cargo de la Consejería para el Postconflicto, el Ministerio de Hacienda, con Mauricio Cárdenas en la cartera, y el ministerio, dependiendo del sector, daba el visto bueno.
Ya en la era de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización del gobierno del presidente Iván Duque, con el mismo mecanismo de aprobación de los proyectos del OCAD 38 al 50, se aprobaron 2.3 billones de pesos.
En 2020, la Ley 2056 por la que se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías crea para el OCAD Paz la secretaría técnica en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) encargada del control, y le otorga a la Contraloría General de la Nación función, de lo que técnicamente se llama según la normativa “control concomitante y preventivo”, que tiene un carácter excepcional, no vinculante. Una labor que fue solicitada por las mismas instituciones. Con esto, la entidad revisaba los proyectos y emitía conceptos preventivos de control fiscal, pero no tenían voto o incidencia en la aprobación de los proyectos.
Bajo esta nueva modalidad de aprobación, del OCAD 51 al 56, se aprobaron 4.5 billones de pesos. La diferencia en dinero aprobado comparativamente con los anteriores obedece, según fuentes consultadas por RCN Mundo, a que con ocasión de la pandemia de covid-19 se volaron el techo de gasto público para financiar esos proyectos del OCAD PAZ, es decir, se destinaron lo que se iban a gastar en 10 años.
En diciembre de 2020, antes que la Contraloría pudiera hacer ese control preventivo, el consejero Archila dejó viabilizados 178 proyectos que suman 2.3 billones de pesos (OCAD del 27 al 48).
La primera acción de la Contraloría, con los dientes que le dio la ley, fue revisar dichos proyectos, y según documentos a los que se tuvieron accesos dirigidos en el 2021 a la Consejería para la Estabilización y al DNP, fue recomendar revisar los proyectos porque estaban desactualizados en los precios y no tenían estudios que los soportaran. Por tanto, emitieron un concepto tras un estudio sustentado en 180 páginas en el que analizaron cómo se estaba invirtiendo la plata de las regalías destinadas para la paz.
Algunas de las conclusiones de dicho informe del ente de control fiscal señalan que el 33 % de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no habían recibido ni un peso en 3 años, es decir, en 53 de los 170 municipios priorizados desde 2017.
También alertaron que la mayor concentración de proyectos, el 70 %, estaba en infraestructura y transporte, y que fueron priorizados, bajo la figura de viabilización que empleó Emilio Archila, que según las fuentes, no estaba en el marco normativo, y que consistía en escoger los proyectos por orden de llegada, lo que no respondía al criterio de equidad según el acuerdo de La Habana. Por ejemplo, la zona pacífico: Valle, Cauca, Nariño y Chocó, tenía cero pesos aprobados, en cambio, Tibú, en Norte de Santander tenía 84 mil millones de pesos, por lo que la Contraloría llamó a la equidad en la distribución de los proyectos, eje central de los acuerdos.
La Contraloría continuó enviando recomendaciones sobre debilidad en algunos proyectos (OCAD 52 al 55) aún así, eran sometidos a votación y aprobación ignorando las alertas, como evidencian documentos en poder de este medio.
De 88 proyectos que recomendó la Contraloría revisar por debilidades en sus soportes, 53 de ellos fueron aprobados. Revisemos un ejemplo, con el proyecto para pavimentar una vía en el municipio de Arauquita en Arauca por más de 33.572 millones de pesos. La Contraloría pidió que fuera revisado en el OCAD 54 por deficiencias en los diseños y falta de claridad en el origen de los recursos de la preinversión, que busca evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública en partícular, es decir, exige contar con los estudios que sustenten que es rentable y sostenible, y es es mínimamente requerido en cualquier proceso, sin embargo, fue aprobado en el OCAD 56.
Este aspecto es clave, porque evidenciaría una posible irregularidad. Consultando a expertos en temas de contratación estatal, la preinversión que se gastan en un proyecto de obra civil, que comprende los estudios y diseños, es más o menos del 5 % del valor del contrato, en este caso, por ejemplo se necesitarían 1.600 millones de pesos, y no tenían los soportes contractuales de dicho proyecto formulado en plena pandemia en 2020 en esta zona de frontera.
Al notar esto la Contraloría indagó y solicitó a los alcaldes las cuentas de cómo pagaron las pre inversiones de los proyectos que formulaban. Ninguno tuvo los soportes para justificarlas.
Una de las respuestas que llamó la atención de la Contraloría fue la del alcalde encargado de Ciénaga, Magdalena, Héctor Zuleta Rovira, quien firmó el oficio dirigido a la Contraloría General y argumentó que, «el proyecto no ha tenido ningún proceso precontractual previo al inicio de la formulación de los documentos técnicos ya que este corresponde a una donación condiciona hecha al municipio siempre y cuando se cumplan todas las etapas de aprobación de los recursos».
Los organismos de control deberán determinar si en este caso se podría configurar un posible prevaricato y violación al principio de objetividad en la selección de oferentes porque referenciamos solo un caso de 56 más similares.
Funcionarios de Contraloría en el escándalo
Según la denuncia revelada por Blu Radio funcionarios estarían pidiendo supuestas coimas para la aprobación de esos proyectos de regalías por 500 mil millones de pesos, es decir, medio billón, y que de eso, la Contraloría pedía supuestamente el 2 % , unos $100 mil millones. Los funcionarios del ente de control fiscal, mencionados como parte del supuesto entramado de corrupción, son los mismos que hacían parte del equipo que firmaba las alertas sobre los proyectos y actualmente son candidatos a la Contraloría: Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado de postconflicto, y Aníbal Quiroz, contralor delegado de regalías.
Juan Carlos Gualdrón
Después que Emilio Archila trasladará a los entes de control las denuncias anónimas que llegaron en su momento en el 2021, y objeto de este escándalo, la Contraloría, a su vez, dio traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría, y emprendió en contra de Juan Carlos Gualdrón un proceso de control interno disciplinario que tras año y medio de investigación no encontró méritos ni pruebas a lo denunciado anónimamente, archivó el tema, y el funcionario Gualdrón salió exonerado según prueba el documento conocido.
Aníbal Quiroz
El Grupo Motor de Vistahermosa, Meta, una organización comunitaria de veeduría, en agosto de 2021 acusó en medios de comunicación de Valledupar (Radio Guatapurí) y en redes sociales al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, a Juan Carlos Gualdrón y a Aníbal Quiroz de obstruir la aprobación de proyectos en este municipio PDET. A este territorio se le aprobaron cerca de 140 mil millones de pesos en proyectos. Los funcionarios denunciaron penalmente a la organización por injuria y calumnia, y ahora Motor busca una conciliación. Además, actualmente, varios proyectos de esa zona son investigados por la entidad por presuntas irregularidades.
También se conoció que estos dos funcionarios mencionados en la denuncia anónima, por voluntad propia, acudieron a la Fiscalía para entregar más información acerca de los hallazgos de OCAD Paz, que podrían evidenciar carteles de contratación. También conocimos que de los seis billones de pesos hasta ahora aprobados del OCAD Paz se han pagado solo 2.1 billones de pesos.
Buscamos a los funcionarios mencionados y aseguraron abstenerse de hablar en medios de comunicación mientras avanzan los procesos de investigación.
Surge la pregunta, si las acusaciones de supuesta corrupción, mediante mensajes anónimos contra los funcionarios de la Contraloría, encargados de ejercer el control fiscal que le otorga la ley, se trataría de una retaliación por precisamente alertar sobre las irregularidades en los proyectos con dineros de la Paz. Será entonces la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de resolver ese interrogante, investigar la veracidad de todas las versiones y encontrar a los culpables de echarse al bolsillo los dineros para las regiones más golpeadas por el conflicto, además de garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
El próximo lunes, se revelarán varios audios de contratistas que denuncian que pagaban peajes en Ministerio de Minas, Transporte y DNP. Hasta 60 millones por visto bueno de proyectos del Ocad Paz… Y además denuncias de noviembre y diciembre dirigidas a Emilio Archila que no fueron tenidas en cuenta.
Tomado de RCN radio