El contrato se firmó con el fin de “prestar servicios profesionales para acompañar la división financiera en la revisión de las cuentas»
Hace poco se conoció que Rafael Enrique Romero aparece como representante legal de la empresa Omega Buildings, una de las organizaciones integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, el consorcio al que se le atribuye la pérdida de $70.000 millones para conectar zonas rurales en el país.
De esta manera, se pudo establecer que Romero obtuvo un contrato con la Cámara de Representantes durante este año, a pesar de la investigación que se adelanta por el incidente y la reciente moción de censura contra Karen Abudinen, ministra TIC, que se llevó a cabo en ese mismo recinto el viernes pasado.
El contrato se firmó con el fin de “prestar servicios profesionales para acompañar la división financiera en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas tanto personas naturales y jurídicas»
La documentación contractual fue firmada el pasado 17 de febrero de este año y, según los registros del Secop , tendrá validez hasta el 14 de diciembre de 2021. El valor de la contratación es de $40 millones, lo cual resulta en un salario mensual de $4 millones para Romero Payares.
El problema con este nuevo hallazgo es establecer por qué el representante legal de una compañía de infraestructura, beneficiada en el contrato del MinTIC, y que ha tenido otros contratos con el Estado, es ahora contratista de la Cámara de Representantes para apoyar la división financiera en revisión de cuentas.
De esta manera, se conoció que Romero también adelantó un acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca desde junio hasta octubre de 2019, la cual fue terminada con antelación porque el acuerdo tenía vigencia hasta diciembre de ese año.
Adicionalmente, Romero tuvo un cargo de contratista en el Sena, cuyo valor era de más de $49 millones. El fin de dicho contrato fue el de “proponer y acompañar la implementación de estrategias para cumplir con los tiempos previstos y la calidad de la información según el marco legal para el otorgamiento de registros calificados sean de renovación, ampliación, modificación, extensión o cualquier otra forma”.
Este nuevo descubrimiento abre más preguntas sobre la relación de Centros Poblados y el Estado, pues el Ministerio de las TIC no es la primera entidad gubernamental que ha adelantado acuerdos con integrantes del consorcio.