Las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, podrán destinar más recursos propios para cobijar más beneficiarios del programa Subsidio Emergente al Cesante, un beneficio económico dirigido a aquellas personas que perdieron su empleo durante la crisis ocasionada por el Covid 19.
A través de una autorización otorgada por el Decreto Ley 765, podrán hacer uso de dineros propios para tratar de proteger a la clase trabajadora vulnerable.
Al 23 de junio, las Cajas habían recibido 753.731 solicitudes de las cuales 232.437 han sido postulaciones aprobadas que certifican todo el cumplimiento de los requisitos, y se han comprometido más de 300 mil millones de pesos para 108.813 personas.
Bajo el alcance financiero actual donde las Cajas propusieron algunos ajustes se espera atender a un total de 200 mil personas más personas con recursos que se acercan al medio billón de pesos, lo que incrementa la cobertura del beneficio en un 44% más de lo inicialmente proyectado.
Los recursos se focalizarían en las personas que tienen ya autorizado el beneficio.
Por lo anterior, aunque con estos nuevos recursos se amplía la cobertura, es necesario comprender la limitación manifiesta desde la Ley 1636 y explicita en el decreto 488 los beneficios se mantendrán hasta que permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos.
¿Cómo se hará?
Bajo lineamientos financieros, las Cajas traerán a valor presente los posibles recursos que se recaudarían entre los meses de junio y diciembre. Es decir, se calculó cuánto podría ser el recaudo de los meses futuros, para con dichos recursos atender en la actualidad a más trabajadores.
Ahora, como las Cajas no cuentan con esos recursos porque efectivamente no se han recaudado, deben proceder a endeudamientos internos para, sin afectar otros programas, puedan solventar el flujo del dinero.
Las decisiones financieras de las Cajas, especialmente en esta época de crisis, deben velar por la sostenibilidad integral del Sistema y el funcionamiento de todos sus programas los cuales siguen operando y prestando beneficios a la población afiliada.
Beneficios como la Cuota Monetaria, que mensualmente entrega 2.3 billones de pesos a más de 5 millones de familias con un auxilio económico que representa la tercera parte de la canasta familiar para los hogares beneficiarios cuyos ingresos son inferiores a 4 salarios mínimos.
Lo anterior se suma a los programas de alimentación para la primera infancia, la operación de programas educativos, así como colegios, bibliotecas, y jardines infantiles, los subsidios para vivienda, la formación laboral, el acompañamiento empresarial, la cultura, el deporte, la recreación, los programas de salud, entre otros. Programas que integralmente consolidan los derechos de la clase trabajadora.
Adicionalmente, no se debe perder de vista que el Sistema de Compensación Familiar también se verá afectado por la crisis, dado que sus ingresos provienen del sector formal, ante lo cual se prevé una caída en los ingresos del 20%.
Tener en cuenta:
El beneficio de protección al cesante es un subsidio al desempleo NO un seguro al desempleo.
Los seguros son aquellas prestaciones contributivas al salario como las cesantías, los intereses a las cesantías y la indemnización por despido que como parte de los regímenes laborales en los países son un derecho individualizado de cada trabajador.
El subsidio es una prestación asistencial adicional focalizada que No constituye una obligatoriedad universal porque su financiación es limitada, partiendo de un principio de autosostenibilidad del fondo que lo genera.
Hasta la fecha los recursos con los que se ha operado el beneficio NO provienen del presupuesto público sino de recursos privados del sector empresarial que realiza el aporte para sus trabajadores.
El porcentaje de independientes afiliados al Sistema del Subsidio Familiar es del 1.7%
Estamos seguros que es necesario un plan integral que ayude a la clase trabajadora del país a enfrentar la crisis, donde el foco sea proteger de los riesgos de la pobreza a millones de colombianos.
