El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, le pidió al Ministerio de Hacienda y a las Superintendencias de Sociedades y Salud, acompañarlo en la defensa de institucionalidad, sin desconocer derechos de los acreedores del departamento.
Hace referencia el mandatario a la convocatoria este viernes 29 de octubre de la asamblea de acreedores donde se dejaría por sentado la suspensión de la Ley 550, blindaje que tiene la Gobernación para evitar que sus cuentas sean embargadas y queden maniatados.
La Superintendencia de Sociedades emitió recientemente sentencia en contra de la Gobernación de Córdoba que la obliga al reconocimiento y pago de acreencias con la IPS Funtierra, que corresponden a servicios NO POS que se habrían prestado en los años 2016, 2017 y 2018.
El mandatario insistió en que, sin desconocer los derechos de los acreedores, se espere la terminación de una auditoría que se contrató para verificar legalidad y soportes de todas las cuentas del sector salud de Córdoba pendientes de pago y que superan los 75 mil millones de pesos. “Siempre y cuando se demuestren esas cuentas por cobrar, se pagará lo que diga la auditoría”, agregó.
Dijo que no comparte la posición nacional porque se pone en riesgo la ley 550 que está pactada hasta el año 2026. Recordó que se caerse la ley, “se vienen los embargos y sería catastrófico para el departamento”.
Agregó que, mientras asume la defensa del patrimonio público del departamento, a “unos no les importa porque tienen sus intereses y negocios particulares, pero Córdoba tiene un doliente. Si antes no lo tuvo, en esta administración sí”, declaró en entrevista con el programa Periodismo Actual, con Toño Sánchez Jr.
Recordó que el acuerdo de restructuración de pasivos le cuesta anualmente al departamento 30 mil millones año y sacrifica la inversión social. También reconoció que “si hubiese pagado esas cuentas, hoy estaría en líos como ocurrió con gobernantes del pasado”.
Hace pocos días, se conoció un informe parcial de la auditoría, pero en específico por las cuentas de cobro de la IPS Funtierra, en las que se señala que no existen los soportes legales. La empresa de salud fue llamada a descargos y dijo haber aportado los documentos, pero la auditoría será la que defina si están en regla.
“Nosotros pagamos lo que diga la auditoría, si le debe a la IPS, se le paga, pero con respaldo legal”, insistió el gobernador.
Se espera en las próximas horas conocer la posición del Ministerio de Hacienda y la Supersociedades, donde se pidió la nulidad de la sentencia, mientras sale el informe completo de la auditoría.