El senador Antonio Correa enfrenta acusaciones de corrupción en un caso relacionado con cupos indicativos y exigencia de coimas a contratistas en municipios de Bolívar y Córdoba. La Corte Suprema de Justicia ha llamado a juicio a Correa por su presunta participación en esta trama de corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Antonio José Correa Jiménez por supuestos hechos de corrupción con los denominados cupos indicativos, y la presunta exigencia de coimas a contratistas, en convenios interadministrativos de El Peñón Bolívar y Santa Cruz de Lorica (Córdoba).
Antonio Correa es un político cordobés que ha sido acusado de varios delitos de corrupción relacionados con la construcción de canchas sintéticas en municipios de Bolívar y Córdoba. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio el 17 de agosto de 2023 por presuntamente hacer parte de una red criminal que exigía dinero a los contratistas a cambio de adjudicarles los convenios interadministrativos con Coldeportes.
«La Sala encontró que presuntamente se habría orquestado un entramado de corrupción para adjudicar esos contratos, haciendo exigencias de dinero a los contratistas, sumas que habrían sido entregadas al congresista Correa Jiménez», dice la Sala.
El alto tribunal también estableció que las acciones contrarias a la ley se habrían concertado con funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), de Coldeportes y en asocio con alcaldes y otros directivos.
El senador Correa Jiménez, que fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, ya estaba bajo investigación desde el 2022. En mayo de ese año, fue citado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en este caso de ‘mermelada parlamentaria’ relacionada con contratos de Coldeportes.
Sin embargo, y a pesar de las fuertes sospechas que tuvo el alto tribunal, este mismo tomó una decisión a su favor e indicó que podría defenderse en libertad por la investigación que cursa en su contra.
Francisco Farfán, magistrado que llevó el caso, afirmó que entre 2016 y 2017 Correa tuvo a su disposición un cupo de recursos de cofinanciación de proyectos a través de Coldeportes, que ascendía los $5.000 millones.
Según el magistrado, no se consideraron irregularidades con este hecho, pues, explican las autoridades, esta es una figura legal llamada ‘cupos indicativos’. El problema radica en que el exsenador Correa Jiménez abusó de su poder y del alcance de esta figura.
Una de las testigos claves en el caso es Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la UTL de Correa Jiménez. En julio de 2018, cuando la mujer fue capturada, aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Trujillo Buelvas fue condenada por su participación en estos hechos de corrupción. Sin embargo, en mayo de 2022, logró un acuerdo con la Fiscalía en el que se comprometía a testificar en contra de Correa Jiménez.
Es así como, en julio de 2022, el ente acusador le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador del Partido de la U por direccionar ‘cupos indicativos’ en un contrato con la Alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno.
Correa también está vinculado con Enilce López, alias “la Gata”, condenada por lavado de activos y homicidio. Según la Procuraduría General de la Nación, Correa habría recibido $210 millones de Jorge Luis Alfonso, hijo de la empresaria, para financiar su campaña al Senado en 2014.