Le siguen saliendo cuentas pendientes a los exgobernadores capturados de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile. Esta vez la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.981 millones de pesos en su contra, por un contrato entre esa gobernación y la Universidad Francisco de Paula Santander para un programa de comprensión lectora en Córdoba en 2013.
Y es que luego de ejecutar ese proyecto quedó un saldo de más de 330 millones de pesos que debían devolver a la cuenta del Sistema General de Regalías, lo que nunca ocurrió.
Además, la Contraloría dice que hubo una intermediación innecesaria y una administración no requerida.
Esta decisión también es contra William Cesar Tapia, exsecretario de Educación de Córdoba, Claudia Toloza Martínez, entonces rectora de esa universidad, entre otros funcionarios.