La Unidad de Fiscalia Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó como los ex gobernadores del Magdalena Luis Miguel “Mello” Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, durante sus periodos de gobierno, habrían permitido sobrecostos y otras irregularidades contractuales en la adjudicación y ejecución del millonario contrato de la “Vía de la Prosperidad” con pérdidas estimadas en $76.327 millones de pesos.
Ante la denuncia instaurada por el Defensor de Derechos Humanos Hernando Escobar Medina, la Fiscalía General de la Nación pudo establecer que los exgobernadores de Magdalena, Luis Miguel y Rosa Cotes, son penalmente responsables por la comisión de las conductas punibles tipificadas como Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos Legales y Peculado por Apropiación en favor de terceros.
Los hechos, cuya responsabilidad penal se les atribuyen a los exgobernadores Cotes Habeych y Cotes de Zúñiga, están relacionados con la adjudicación, celebración y ejecución del contrato No. 617, de 4 de octubre de 2013, por un valor de 432.010 millones de pesos, que contemplo el mejoramiento del tramo vial que conduce de Palermo a Sitionuevo, Remolino y Guáimaro (Magdalena), lo que se denominó en su momento como la “Vía de la Prosperidad”.
Las investigaciones, elementos materiales probatorios y la evidencia física adelantadas y obtenidos por la Fiscalia permitieron establecer que el “Mello” Cotes, en su condición de mandatario departamental del Magdalena durante el periodo 2012 – 2015, tramitó y celebró en forma irregular el censurado contrato al utilizar unos estudios y diseños desactualizados que terminaron por afectar su correcto desarrollo. En ese sentido, habría omitido su deber de vigilancia sobre el proceso contractual y permitido que avanzara con millonarios sobrecostos. Esas irregularidades y los dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de impuestos generaron pérdidas al departamento del Magdalena por un valor de 28.416 millones de pesos.
Por otra parte, la señora Cotes de Zúñiga, quien ejerció como mandataria del Magdalena durante el periodo 2016 – 2019, autorizo la suscripción de un otrosí y tres modificaciones al contrato original y cambió las condiciones técnicas, presupuestales y el tiempo de ejecución definidas en el contrato inicial, dando lugar con su actuación al pago de nuevos sobrecostos por valor de 47.911 millones de pesos.
Con el proyecto de la “Vía de la Prosperidad” se pretendío la construcción de 52.6 kilómetros en un plazo de 35 meses. Sin embargo, fue entregado muchos años después de haberse celebrado el respectivo contrato y tan solo fueron intervenidos 18.2 kilómetros. Adicionalmente, el precio pactado de 8.213 millones de pesos por kilómetro pasó a ser de 18.179 millones de pesos/km.
Peritos especializados del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nación tasaron las pérdidas totales para el departamento del Magdalena en 76.327 millones de pesos. Esos dineros corresponden a los sobrecostos reconocidos al contratista, Consorcio Ribera Este, por un proyecto vial que quedó inconcluso y que no cumple con los requerimientos técnicos fijados en el contrato. Así lo acreditan videos y reconocimientos aéreos realizados por los funcionarios de investigación de la FGN.
El juicio en contra de los dos gobernadores comenzará fecha que fijara la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y concurrirá, como víctima, la Veeduría Ciudadana “No Mas Corrupción en Colombia que preside el investigador Hernando Escobar Medina .