Un duro reclamo por los incumplimientos reiterados con la construcción del acueducto rural de San Anterito y San Isidro en la zona rural de Montería, hizo el concejal Andrés Negrete Bonilla.
Lo calificó como un “elefante blanco” mientras no termine una obra que data del año 2017 y que prometía entregarse en seis meses. Recuerda que el proyecto va para cinco años de ejecución y aún no se entrega.
“Siguen siendo promesas incumplidas y para salir del paso se firman excusas en un papel con los veedores ciudadanos, pero la comunidad queda burlada. Aquí falta que el Alcalde intérprete la necesidad de esta comunidad y meta en cintura al contratista para que en tiempo real se haga la entrega del acueducto funcionando en condiciones técnicas y sostenible y no se dilate más la solución. Ya está bueno que se siga aplazando las necesidades básicas insatisfechas de la gente”, aseguró el cabildante.
El proyecto que tiene un costo de 11 mil millones de pesos fue prometido por Marcos Daniel Pineda para el primer trimestre de 2018 y se incumplió, luego se paralizó la obra argumentando trámites nacionales, luego en 2020, el nuevo alcalde promete entregarla en noviembre y tampoco se pudo concretar.
En diciembre del año pasado se hizo una nueva reunión en la comunidad y se prometió que reiniciaban obras. En febrero de 2021 prometieron que terminaban en abril, y tampoco cumplieron.
Presentaron nuevas excusas técnicas soportadas en el papel, validadas por la interventoría y aceptadas por el Gobierno local y pidieron cinco meses más para terminar. Ahora la promesa es culminar la obra en septiembre de 2021 y tres meses para poner en marcha pruebas.
“Aquí saltan a la vista las improvisaciones ya que tuvieron que hacerle ajustes y adiciones por más de $ 3.800 millones para que en 95 días las obras fueran entregadas. Y aun así no la termina”, dijo el cabildante.
Pidió finalmente que los órganos de control hagan vigilancia estricta y responsable de una obra que no es de ningún gobierno, es de la gente que mediante acción popular fallada por la Corte Constitucional obligó al Estado a realizar la obra.