La Contraloría profirió este lunes el fallo en su investigación por las responsabilidades fiscales en el proceso de la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), que ascienden a $2,9 billones, según el ente de control.
La Contraloría argumenta que en la modernización de la refinería se presentaron “mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de US$997 millones ($2,9 billones, aproximadamente)”, según se lee en un comunicado de prensa proferido por la entidad.
De acuerdo con la investigación del ente de control, el daño fiscal está vinculado a asuntos como gastos que no tenían que ver con la megaobra, sobrecostos en la contratación de personal y baja productividad en la mano de obra directamente involucrada en el proyecto, entre otros asuntos.
La decisión de la Contraloría llama a responder fiscalmente a cinco exfuncionarios de Reficar (dos presidentes y tres exvicepresidentes) y siete miembros de su junta directiva. También cobija a cuatro multinacionales que participaron en el proyecto.
Los exfuncionarios que son declarados como fiscalmente responsables son: Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Manosalva Cely.
Los miembros de la junta directiva que fueron hallados fiscalmente responsables son: Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Alfonso Rosales, Diana Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.
Por el lado de los contratistas declarados como fiscalmente responsables están: CB&I (Chicago Bridge & Iron Company), CBI Colombiana S.A., Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.
Vale la pena aclarar que contra el fallo aún proceden recursos de reposición y apelación.
La investigación de la Contraloría se adelanta desde hace cuatro año. En junio de 2018, la entidad imputó cargos a 20 personas por la pérdida de más de US$2.400 millones en las inversiones realizadas para modernizar la Refinería de Cartagena (Reficar), un caso que, según el organismo, es el mayor escándalo de corrupción en el país.
En su momento, la Contraloría aseguró que la imputación incluía a funcionarios, miembros de junta directiva y las cinco multinacionales que participaron en el proyecto. “Esta decisión establece el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”, dijo la entidad en ese entonces, una declaración que mantuvo en pie este lunes con la publicación del fallo.
