Se trata del Decreto 333, del 6 de abril de 2021, firmado por el presidente Duque, que en el numeral 12, señala que cuando un ciudadano presente una acción de tutela contra decisiones tomadas por el mandatario, la única instancia que la resolverá será el Consejo de Estado.
“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”, dice el decreto.
Es decir, en las zonas donde se va a realizar la aspersión con glifosato se podrán radicar acciones de tutela contra la medida, pero estas serán objeto de reparto y llegarán al Consejo de Estado donde se tomará la decisión final. Este decreto ha sido duramente cuestionado por constitucionalistas que consideran que es un intento de limitar la tutela.
El decreto
Esa es una de las preocupaciones de las comunidades, pues, según el nuevo decreto, la consulta previa deberá adelantarse cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas. Sin embargo, no está claro quién define si la afectación es directa.
No obstante, el decreto con el que, previo aval del Consejo Nacional de Estupefacientes, se retomará la aspersión con glifosato, manifiesta que que los eventos en salud y las quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión, deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa. Esta es una exigencia de la Corte Constitucional.
Por eso, señala el decreto, los eventos en salud y las quejas serán atendidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). Sin que haya más información al respecto.
Para poder iniciar la aspersión, el decreto señala que se debe contar con el concepto previo de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.
No obstante, se hace una salvedad, que estaba incluida en las condiciones que planteó la Corte Constitucional para retomar la aspersión: evidencia objetiva y concluyente y esto se entiende “en los términos de la Corte, que no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Uno de los argumentos que expone el Gobierno para retomar la aspersión, además de los pocos avances logrados en reducción real del número de hectáreas cultivadas es el costo económico de otras alternativas.
Erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta 4.8 millones de pesos a través de aspersión terrestre, 3.2 millones a través de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), 3 millones a través de la Fuerza Pública y 1.8 millones mediante la aspersión aérea.
También argumentan la decisión en temas de seguridad. En lo que va del gobierno del presidente Iván Duque se han usado minas antipersonal y francotiradores para asesinar a 25 miembros de la Fuerza Pública y 4 erradicadores, y han dejado heridos a 157 miembros de la Fuerza Pública y 56 erradicadores.
Cumplidos dos años y medio de mandato de Iván Duque, por fin encontró un camino para reiniciar la aspersión con glifosato, pero esta es una batalla que empieza, vendrán demandas y medidas para tratar de evitar el comprobado efecto negativo del glifosato en el medio ambiente, y la salud de las personas, se convertirán en tutelas y está por verse si el blindaje que expidió el Gobierno para que sea el Consejo de Estado el que tome la última palabra da resultado.