Dos caras ha tenido el proceso contra el expresidente Uribe. Una en la Corte Suprema, donde terminó bajo detención domiciliaria. Otra en la Fiscalía, donde se tomaron pruebas que no quiso recabar la corte y se solicitó la preclusión del proceso. La audiencia clave es el próximo 6 de abril.
El martes se dará una cita clave en el marco del proceso judicial y político más importante de las últimas décadas: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Será ante la jueza 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz; y la Fiscalía tendrá que argumentar el motivo por el cual solicita la preclusión del proceso contra el exmandatario, en contravía del rumbo que llevaba la indagación en la Corte Suprema de Justicia, donde nació este pleito penal.
En agosto del año pasado, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, siendo el primer exmandatario al que se le imponía esta medida en la historia reciente. Uribe y su defensa consideraron que no tenían garantías en el proceso y, como la corte investiga a los congresistas, el exmandatario renunció a su cargo de senador, y el proceso pasó a la Fiscalía.
Fue asumido por Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quien empezó a recaudar pruebas que no habían sido tenidas en cuenta, como la declaración del exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra. Este afirmó que los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba fueron hasta la cárcel, en Estados Unidos, para buscar testimonios contra el expresidente Uribe a cambio de darle asilo a su familia en Francia o Suiza.
Vía Semana