Las denuncias hechas por las comunidades mineras de la vereda El Alacrán, en puerto Libertador, en septiembre del año pasado, al Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, se cumplieron en su totalidad. Los intervinieron, los desplazaron y los asociaron a un grupo armado ilegal.
Con todo lo ocurrido, resulta indignante para los campesinos de la región que la palabra empeñada del defensor se incumpliera.
En septiembre de 2020 en zona urbana de Puerto Libertador, Carlos Camargo acompañó al gobernador Orlando Benítez, a la firma de la política pública de derechos humanos del departamento. Momento que fue aprovechado para escuchar a Brenda Bohórquez, quien leyó una carta donde pedía la intervención del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para que la empresa Minerals Córdoba, respondiera por acuerdos con las comunidades a las que se les había negado por años los títulos mineros, para entregárselo a una empresa canadiense que ahora tiene el poder legal del territorio.
“…Y también asumo el compromiso que de manera inmediata vamos a revisar en el marco de nuestras funciones constitucionales y legales que vamos a ser facilitadores y articuladores para darle una pronta y eficaz respuesta. Puedes estar tranquila que a la mayor brevedad vamos a tener una respuesta sobre ese particular”, dijo en ese momento el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Hoy, seis meses después, el Defensor no ha generado respuesta pública y oficial a esas comunidades, sus palabras quedaron en el vacío, nunca hubo intervención para sanar el problema advertido, las comunidades quedaron y siguen indefensas, mientras Camargo, se quedó con el titular de prensa del día para quedar bien, pero el daño fue irreversible.
Desde el territorio todos piden que cumpla su palabra, porque quedó como un mentiroso.
Unas 100 familias fueron desplazadas por la acción del mismo Estado que, argumentando que los mineros son utilizados para aumentar las rentas del ‘Clan del Golfo’, destruyeron sus elementos de trabajo, mientras resignados reclamaban respeto del Gobierno que sabe que esa actividad informal la ejercen desde 1995.