El abogado Alexánder Sánchez entuteló a José Ignacio Penagos, director de IMF Noticias, pues en un artículo lo habrían tildado como el hombre que “estalló” la oficina de asuntos jurídicos de EPM, en medio de la billonaria demanda contra los diseñadores y constructores del proyecto Hidroituango.
De acuerdo con la sección “confidencial” de IFM Noticias, un portal enfocado en Antioquia, el abogado Alexánder Sánchez Pérez, vicepresidente de asuntos jurídicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sería la manzana de la discordia en medio de la billonaria demanda que la entidad adelanta contra los contratistas de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico que en 2018 casi se derrumba por el taponamiento de uno de sus túneles. Sin embargo, el curtido abogado, quien incluso es doctor en Derecho, interpuso una acción de tutela contra el director del medio, José Ignacio Penagos, pues habría vulnerado su “honra, dignidad y buen nombre”.
La génesis de la discordia entre el portal web y el reconocido abogado tiene nombre propio: la demanda por $9,9 billones con la cual EPM busca resarcir los golpes económicos sufridos tras la emergencia en Hidroituango que, según la Contraloría, en un informe de 2019, tardará 35 años en ser rentable. IFM Noticias sostiene que el abogado Alexánder Sánchez Pérez, quien se hizo cargo de la billonaria demanda en junio de 2020, “entró en una guerra” con otros abogados que EPM tiene a su servicio e, incluso, habría contratado “costosos bufetes de abogados en Bogotá”, para hacer una tarea que “siempre habían manejado desde el equipo jurídico”.
“Fue una saña para desprestigiarme”, respondió el abogado Sánchez Pérez en el documento conocido por El Espectador. Esa fue la conclusión a la que llegó el pasado 2 de marzo, cuando, según cuenta, digitó su nombre en Google y vio que el portal de Penagos había lanzado la nota “Se estalló la Vicepresidencia de asuntos jurídicos de EPM”. Ahora, vía tutela, el vicepresidente busca que IFM Noticias rectifique la información que entregó y, asimismo, que redacte una nueva nota en la cual se explique que el medio entregó datos “equívocos”. Y no solo eso, Sánchez Pérez pidió que el juez de tutela envíe las carpetas a la Fiscalía, para que se investigue a Penagos por supuesta calumnia.
“Se trata [con la tutela] de conjurar el peligro inminente que se cierne sobre mi vida a partir de lo expresado en la publicación, donde se me presenta ante la opinión pública como un instigador de la política antioqueña, con la convulsión y animosidad que un dicho así puede generar y los odios, malquerencias y animadversiones que se pueden despertar en mi contra y la de mi familia”, explicó el vicepresidente de asuntos jurídicos de EPM. Según la nota del portal, el abogado llegó “por recomendación política” a la billonaria demanda y, además, su objetivo sería “hacer que todos los alcaldes del pasado queden involucrados” y que “los constructores queden fuera de EMP”.
Las peleas internas por la emergencia en Hidroituango, que en su momento obligó a la evacuación de 25.000 personas de la región, han sido tan graves que incluso, en agosto del año pasado, ocho miembros de la Junta Directiva de EPM renunciaron a su cargo, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciara la billonaria demanda contra los contratistas. Mientras los funcionarios dijeron que no se les había tenido en cuenta, la Alcaldía de Medellín explicó que no hubo tiempo para presentar la demanda a la Junta Directiva y que el plazo para una eventual conciliación, entre EPM y los contratistas, estaba a punto de vencerse: dos años, a partir de 2018.
De hecho, el reconocido abogado Alexánder Sánchez Pérez fue contratado para asumir la billonaria demanda en junio de 2020, con el minutero representando un verdadero dolor de cabeza. “En efecto, se me entregó la tarea de examinar incontables archivos relacionados con este caso, con el agravante de que, al tenor de la posición más conservadora y menos riesgosa para la empresa de recuperar sus recursos, las acciones pronto caducarían”, explicó en la tutela. Y entre las acciones estaba la posible conciliación, antes de radicar la billonaria demanda, que al final nunca se dio entre EPM y los contratistas de Hidroituango.
Durante el proceso, a pesar de lo que expuso IFM Noticias, Sánchez Pérez cuenta que buscó un equipo para redactar la demanda, que fuera razonable con el presupuesto público, pero se topó con abogados que incluso le cobraban $50.000 millones. Al final, como quedó consignado en la tutela, encontró un grupo de seis personas, cuyos servicios costaron $700 millones, de los cuales “EPM hasta el momento solo ha desembolsado $100 millones”. Entre los elegidos está, por ejemplo, Carlos Alberto Chinchilla, quien es doctor en Derecho Contractual de la Universidad de Génova (Italia) y profesor de Derecho Civil de la Universidad Externado.
El pasado 12 de enero, el equipo de Sánchez Pérez radicó la esperada demanda contra los contratistas de Hidroituango. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia se la devolvió y le dio diez días para hacer correcciones y volver a presentarla. Entre tanto, la Contraloría le sigue la pista a los contratistas y funcionario públicos involucrados en el proyecto que, se supone, va a generar el 17 % de la energía del país. El 3 de diciembre de 2020, el órgano de control imputó a 28 personas naturales y jurídicas, entre quienes se encuentran el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hoy capturado por un contrato de infraestructura, y Sergio Fajardo, exgobernador de ese departamento y candidato presidencial en 2018.
José Ignacio Penagos, por su parte, respondió a la tutela el pasado 6 de marzo, indicando que Sánchez Pérez “busca presionar e intimidar al juez y al portal exponiendo no argumentos, sino recordando su trayectoria y títulos como para generar la idea de que él está por encima de la ley y que se deben tener prebendas especiales a razón de haber sido magistrado. Es una especie de capítulo adicional a esos que ya hemos denunciado los periodistas de ‘usted no sabe quién soy yo’, pero no nos dejamos intimidar por un funcionario que lo que parece que busca con esta tutela, es desviar la atención frente a las graves denuncias que tiene por sus irregulares manejos”.
Por otro lado, entre los contratistas de Hidroituango, a los que la Contraloría les puso la lupa, está el Consorcio CCCI Ituango, conformado por Construções e Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramon H S.A, al cual se le investiga por supuestos atrasos sistemáticos en la construcción de las obras y defectos de elaboración en la Galería Auxiliar de Desviación (GAD). El GAD fue precisamente el epicentro del problema, pues el taponamiento de uno de sus túneles hizo que el nivel del embalse creciera, lo que provocó la inundación de vías y hasta el colapso del puente de Pescadero. “Hubo un detrimento patrimonial de $2,9 billones”, concluyó la Contraloría.