La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- revocar la decisión de admitir al exsenador Álvaro García Romero y, por consiguiente, rechazar su sometimiento a ese sistema de justicia transicional.
Al apelar la medida de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que García Romero era un comandante paramilitar, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, y por tal razón, la única posibilidad de admitirlo en la JEP es si hubiese participado indirectamente en el conflicto, colaborado o financiado estructuras ilegales en calidad de tercero, situación que no aplica en su caso.
El órgano de control indicó que en los compromisos expresados por el compareciente no hay elementos nuevos, así como tampoco se evidencia que aporte una verdad que contribuya a la reparación concreta de las víctimas por las que fue condenado.
La Procuraduría precisó que no obstante haber sido sentenciado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en Carmen de Bolívar, y por el homicidio en 1997 de la testigo electoral Georgina Narváez, en San Onofre, Sucre, su programa no contempla un plan dirigido a las víctimas directas de sus actos o a sus familiares, y por el contrario todo su aporte se dirige a una reparación inmaterial y abstracta.
Para la Procuraduría, el componente restaurativo propuesto por García Romero no satisface de ninguna manera el test de verdad. “Es cuestionable que el compareciente va a develar el funcionamiento de las estructuras paramilitares, cuando ha sido reiterada la negativa de su reconocimiento como miembro orgánico paramilitar”, puntualizó el Ministerio Público.