La historia de la fundación, que según las denuncias en poder de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se convirtió en una casa de torturas para quienes buscaban procesos de rehabilitación y tratamiento psiquiátricos, empieza a escribir otro capítulo.
Las revelaciones de Semana motivaron la apertura de una investigación en la Fiscalía, un proceso con órdenes a la policía judicial y con el fin de establecer qué ocurrió en esa finca que una vez fue centro vacacional y de un momento a otro se convirtió en fundación para la rehabilitación de personas con algún tipo de adicción.
Las víctimas aseguraron en sus denuncias y conversaciones con Semana que muchas fueron llevadas a la fuerza y mediante un procedimiento que la fundación bautizó como “operación rescate”: atrapar, amordazar y amarrar a las personas, supuestos “beneficiarios” que serían internados en la fundación.
“Con una compañera estábamos hablando de fugarnos y alguien se enteró y le avisó a las líderes y ellas de castigo me hicieron caminar sobre un poco de piedras calientes, como me rehusé me arrastraron entre varios y luego me golpearon”, dijo otra de las víctimas entrevistadas por Semana.
Hace unos días la Defensoría del Pueblo y las autoridades municipales en Villeta, llegaron hasta la fundación y se encontraron con el mismo escenario que narraban las víctimas. No contaban con psicólogos o profesionales para asistir a las personas que necesitaban tratamiento; al contrario, confirmaron cómo en el mismo espacio permanecían niños, adolescentes con adicciones y adultos mayores con problemas mentales.
De inmediato se ordenó el cierre temporal del establecimiento y los niños fueron trasladados a un centro de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. SEMANA consultó a las directivas de la fundación, quienes aseguraron, a través de un comunicado, que no eran una IPS y brindaban algún tipo de tratamiento a través de la palabra de Dios.
Este martes nuevamente la Defensoría acudió a la sede de la fundación y encontró que retiraron todo. El predio está en poder de su propietario y en la misma diligencia el Cuerpo Técnico Investigaciones de la Fiscalía adelantó una inspección judicial al sitio.
Casa del Terro – Foto: CortesiaLos investigadores recibieron un informe detallado de la Defensoría sobre lo que estaba ocurriendo en el lugar y a partir de ese documento adelantaron la inspección. Se trató de un recorrido por varios espacios donde las víctimas señalaron cómo fueron sometidas, golpeadas, torturadas y amenazadas por incumplir el orden de la institución.
Lo que llamó la atención de los agentes del CTI es que muchos de los elementos que hubiesen servido como pruebas en la investigación, fueron retirados por el personal de la fundación. Semana fue testigo de cómo antes de iniciar la inspección salió un camión cargado con algunas cosas que una vez fueron implementos de la fundación en los procesos de rehabilitación.
Casa del Terro – Foto: CortesiaLa labor ahora está en poder de la Fiscalía para tratar de establecer si lo ocurrido allí efectivamente corresponde a casos de tortura y abusos. El resto de autoridades tendrán la obligación de vigilar si las otras sedes de la fundación están bajo las mismas condiciones