Alegando persecución a él y a algunos miembros de su familia.
Según informes filtrados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría concluido que el presidente Gustavo Petro y su familia fueron objeto de seguimientos y persecuciones prolongadas, incluso tras la desaparición del DAS en 2011, extendiéndose estos actos hasta el año 2020.
De acuerdo con revelaciones de la revista Semana, la defensa de la familia Petro sostiene que la persecución no cesó con la disolución del DAS, sino que continuó durante años, respaldándose en informes periodísticos y fallos judiciales, razón por la cual se habría interpuesto una demanda contra el Estado.
La acción legal apunta a responsabilizar al Estado por estas presuntas violaciones a los derechos de la familia presidencial, además de buscar una compensación económica por los perjuicios ocasionados.
En respuesta, representantes del Estado, a través de Fiduprevisora, habrían sugerido que Gustavo Petro y su familia estaban al tanto de la situación desde 2008, cuando recibieron comunicaciones anónimas del extinto DAS, lo que podría invalidar la demanda por caducidad.
El debate se centra en la responsabilidad estatal y la posible indemnización por las supuestas violaciones a los derechos de la familia Petro. La defensa argumenta un considerable “daño moral” derivado del “miedo y aislamiento” que presuntamente enfrenta la familia.
La posición del Estado señala la necesidad de una clara distinción entre los términos utilizados en la demanda, especialmente en lo relacionado con los daños morales y la afectación del buen nombre, sugiriendo una revisión detallada sobre quién resulta afectado y bajo qué condiciones.