Un escándalo se ha desatado a nivel institucional en Colombia, revelando una serie de presuntas irregularidades que involucran directamente al fiscal general saliente, Francisco Barbosa, y al contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.
Según investigaciones de la revista Cambio, Zuluaga habría facilitado la ocultación de detalles sobre los gastos reservados de la Fiscalía del año 2022, ascendiendo a 51.888 millones de pesos, un aumento del 171% respecto al período anterior.
Estas acciones se produjeron a pesar de una auditoría iniciada por la Contraloría General de la República a principios de 2023 para investigar los gastos de la Fiscalía durante ese año. La resistencia de Barbosa para compartir información y la posterior entrega de discos duros solo dentro de las instalaciones de la Fiscalía, sugieren una obstrucción a la investigación.
Además, se descubrió que una parte significativa de los fondos reservados se utilizó para instalar un sistema de blindaje en la residencia de Barbosa en Bogotá, lo que plantea serias preguntas sobre el uso adecuado de estos recursos.
El cambio repentino en el equipo encargado de la investigación por parte de Zuluaga, justo antes de la publicación de los hallazgos preliminares, así como la entrega de la supervisión de los recursos a un individuo con amplio poder y supuesto vínculo político, ha generado sospechas de intentos por enterrar el informe contra Barbosa.
La respuesta de la Contraloría, alegando preocupaciones por la seguridad de Barbosa y una supuesta desobediencia del equipo auditor, no ha logrado disipar las críticas sobre la transparencia y la integridad en la vigilancia de los recursos públicos.
De momento el fiscal saliente no se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, sus detractores han hecho ‘tiras’ de su gestión por medio de las redes sociales.