Se trata de una certificación del Departamento de Estado de Estados Unidos que asegura que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está condenando a los autores de violaciones graves de los derechos humanos.
Además, señala que el Gobierno de Colombia está logrando avances en la reducción de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y otros activistas, así como está logrando avances consistentes en la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas.
Finalmente, la certificación señala que oficiales militares de alto rango están siendo responsabilizados de ordenar, cometer y encubrir casos de falsos positivos y otras ejecuciones extrajudiciales, u otras violaciones graves de los derechos humanos.
Esta certificación del Departamento de Estado se da en el marco de la ley de apropiaciones que permite asignar recursos a otros países.