Se implementarán mesas regionales de diálogo, con el propósito de examinar la política de tierras y reforma rural integral.
La Defensoría del Pueblo hizo una fuerte advertencia al Gobierno por la posible vulneración de derechos en que incurre el proyecto de decreto reglamentario que modifica y adiciona la compra de tierras por oferta voluntaria y sus procedimientos.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que revise la legalidad de este proyecto, el cual no se sujeta a los procedimientos y etapas definidas previamente por la ley, al tiempo que afectaría los derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente”, expresó Carlos Camargo.
Además, con la discusión que se ha dado a partir del Plan Nacional de Desarrollo se ha debatido la intención por parte del Gobierno de introducir la ‘expropiación exprés’, la cual fue desestimada por el Congreso.
Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos.
“Si bien las regulaciones que adicionaría este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, como también los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, lo que en principio resultaría atendible, esto se desdibuja en el proyecto cuando advertimos una ausencia importante de fundamentos legales”, dijo el defensor.
Otro de los puntos de controversia es la legalidad del proyecto y el reajuste de la figura y el procedimiento administrativo de extinción de dominio, así como la inclusión de la figura de enajenación voluntaria por la no explotación y las alternativas de explotación.
«Advertimos que, este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo, previa suspensión de sus efectos, sin perjuicio de los demás controles que las otras instancias judiciales competentes tienen la posibilidad de ejercer”, señaló el defensor del Pueblo.
Vía RCN Radio.