La Contraloría realizó un estudio del impacto fiscal de las medidas de transición energética incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta que el petróleo marca el rumbo de nuestra economía pese a que no producimos lo que producen países netamente petroleros y ocupamos el puesto 21 de los 49 productores.
“Se evidenció que la minería tendrá un papel superficial en la transición energética bajo, la premisa de que estos temas se abordaran en la nueva normativa minera, aún por definirse. Dicha incertidumbre sobre las modificaciones a la normativa minera, junto con las crisis de orden público presentadas en el occidente de Antioquia, podrían generar una disminución en la Inversión Extranjera Directa – IED en el sector minero”, asegura la Contraloría.
En cuanto a la electricidad advierte que el balance actual es que los 3.487 MW comprometidos con proyectos de generación nuevos mediante el esquema del cargo por confiabilidad y las subastas de renovables, tienen retrasos y deserciones significativas.
“Estamos ante un punto crítico ya que, de 24 proyectos previstos, sólo 9 térmicos están en operación (456 MW)”, asegura.
El ente de control también señala que se requieren medidas urgentes frente a los riesgos de liquidez de las comercializadoras de electricidad.
De otro lado, advierte de los riesgos los decretos del Gobierno de emergencia económica en La Guajira.
“Alivia la situación de los promotores, pero pone en riesgo la expansión de la oferta eléctrica y la estabilidad jurídica y contractual del sector que particularmente enfrenta desafíos significativos en términos de liquidez, exposición a precios de bolsa y riesgo sistémico. La dilación en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras podría tener impactos negativos en la estabilidad del suministro de electricidad en el país. La exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía y la suspensión de contratos de fuentes renovables no convencionales, aumentan la incertidumbre en el sector”, dice la entidad.
A ello agrega que la combinación de problemas de liquidez, las condiciones del mercado de energía, señales climáticas del Fenómeno del Niño, tendencias de precios en la bolsa de energía y otros factores están poniendo en peligro la estabilidad del sector. La posible insolvencia financiera de las empresas comercializadoras aumenta el riesgo de iliquidez en toda la cadena de prestación.
Fuente: W radio