Entre los imputados están exvicepresidentes, exgerentes, ingenieros y un interventor de esa entidad.
Fiscales del Grupo de Tareas Especiales asignados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, imputaron cargos a un grupo de exfuncionarios, un contratista y un interventor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Lo anterior, por su presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro otrosíes hechos al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.
Uno de los fiscales delegados en ese proceso aseguró que las pruebas dan cuenta que esas personas actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013.
Por lo anterior, los delitos imputados a los implicados fueron contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, que no fueron aceptados por los procesados.
Entre los investigados están exfuncionarios de la ANI como Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente administrativo y financiero; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración y Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
También está José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; David Leonardo Montaño García, experto GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual y César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.
Igualmente, está Fancisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista) y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
«Los procesados se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht», explicó la Fiscalía.
Con estas actuaciones, los procesados habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto ‘Ruta del Sol II’, vulnerando principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.
Además, fueron destinados en favor del concesionario contratista más de $3.000 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra, asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal y del Consejo Nacional de Política Económica y Social.