La Fiscalía General de la Nación, por medio del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, continúa esclareciendo todo el entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en torno a contratos irregulares, sobornos a funcionarios y beneficios económicos para esa empresa.
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Gabriel Jaimes, fiscal Delgado ante la Corte Suprema de Justicia, reveló detalles de las irregularidades que ejecutó Odebrecht en Colombia durante los años 2009 y 2016.
Tal como detalló el fiscal Jaimes, la primera línea de investigación consiste en irregulares en el contrato de concesión de Ruta del Sol II, donde hubo extensión de plazos, modificaciones de pagos, obras no ejecutadas al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En total, fueron llamados a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de esta entidad.
Cada uno será procesado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares de cada otrosí. Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas.
Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas. Lea la lista completa aquí.
Estas modificaciones ventajosas para Odebrecht produjeron un estimativo de 120 mil millones de pesos en perjuicios para el Estado:
“Estas decisiones se tomaron en comités de distinta índole técnicos. Allí hubo advertencias, discusiones, aprobaciones. La Fiscalía encontró en cada uno de los casos que estas personas intervinieron de carácter decisivo, desde el doctor Andrade, que precedía la entidad, hasta todas las personas imputadas”.
Participación de Corficolombiana en caso Odebrecht
El fiscal resaltó el trabajo de la justicia estadounidense y del FBI, y aclaró que con las pruebas se aplican consecuencias jurídicas de acuerdo a la legislación de cada país. Así las cosas, en EE. UU. se realizó una imputación contra la persona jurídica del Grupo Aval, accionista de Corficolombiana y no ha habido imputación a personas naturales, solo una incriminación al entonces presidente José Elías Melo, quien cumple una pena por estos hechos.
Jaimes aseguró que no se encontró ninguna contribución irregular de algún miembro de la familia Sarmiento Angulo y recordó que en Colombia no aplica la pena para las personas jurídicas.
Dinero de Odebrecht a campañas presidenciales
De acuerdo con Jaimes, la Fiscalía aseguró que esta estructura criminal, desde Brasil, no solo realizó pagos para beneficiarse ellos mismos de contrataciones irregulares, sino que se constató que realizaron aportes a campañas y movimientos políticos en Colombia:
“Entró dinero a la campaña del expresidente de Juan Manuel Santos en el año 2010 y la segunda vuelta del año 2014. Además, a la segunda vuelta de Óscar Iván Zuluaga de 2014. Esto suma un estimativo de alrededor de 6.500 millones de pesos, que para la época eran algo más de 3 millones de dólares”.
¿Cómo ingresó el dinero a la campaña de Juan Manuel Santos?
Según explicó el fiscal, el dinero fue emitido por Odebrecht Brasil por intermedio de la división de operaciones estructuradas que representa una serie de cuentas offshore en paraísos fiscales a distintos lugares del mundo:
“Trasladó dinero y lo puso en unas empresas en Panamá que monetizaron el dinero y los trajeron vía contratos ficticios a Colombia para aportes de campaña. Ese fue el mecanismo de pagos que se ha detectado en el rastreo de esos capitales”.
Señaló que aún es materia de investigación determinar si el expresidente Santos conocía el ingreso de este dinero irregular a sus campañas políticas. En la misma línea, manifestó que le corresponde a la Comisión de Acusaciones adelantar esta investigación contra Santos.
Sobre la presunta participación del exfiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que en este caso aparece como asesor jurídico del Grupo Aval, pero en el contexto de su mención y con la evidencia judicial existente no se le puede atribuir ningún tipo de calidad de imputado.
¿A quién le pagaban las coimas de los sobornos?
“A la adjudicación de los US$6,5 millones, el destinatario fue Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, y los vehículos financieros fueron Eduardo y Enrique Ghisays, empresarios barranquilleros condenados. En el contrato de estabilidad jurídica, los destinatarios de US$2 millones fueron Otto bula, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella y Miguel Pico Pastrana, todos ellos condenados”.
De la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, Federico Gaviria fue el destinatario de un pago por operaciones estructuradas y luego viene una serie de personas que monetizaron los contratos ficticios, entre ellos lobistas: “Hay numerosos representantes legales, propietarios y socios de esas empresas que sirvieron de tránsito de los dineros para que llegaran a su destino”.