Frente a la polémica que ha suscitado el informe de la Revista Cambio sobre que en el Gobierno de Iván Duque también se usó el polígrafo, argumentando que era un tema de seguridad nacional, específicamente por el hurto de varios elementos de la casa de Álvaro Ramírez Suárez, papá de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien padece Alzheimer crónico, W Radio conoció el pronunciamiento de la defensa de la exfuncionaria.
Según el informe tres enfermeras y una trabajadora doméstica fueron sometidas al polígrafo en el edificio Luis Carlos Galán, ubicado en cercanías de la Casa de Nariño en 2020.
Sobre esto, W Radio consultó al abogado Víctor Mosquera, defensor de la exvicepresidenta, quien reconoció que si se practicaron dichas pruebas de seguridad y que su clienta nunca fue notificada ni tampoco se le consultó. De hecho advierte que una de las personas a las que se les hizo la prueba del polígrafo, solicitó que así ocurriera.
“Una vez conocida esta publicación, se procedió a consultar al esquema de seguridad que entonces acompañaba a la exvicepresidente y manifestaron que, como un procedimiento rutinario de seguridad, sin consulta previa ni intervención de la Exvicepresidente, efectivamente realizaron pruebas de seguridad a las personas que aparecen mencionadas, esto por solicitud de algunas de ellas, debido a la desaparición de elementos personales y del armario del paciente que tenían bajo su cuidado y en aras de esclarecer los hechos para establecer la plena confiabilidad de todo el equipo de trabajo”, señaló Mosquera.
El abogado defensor de Ramírez indicó además que, en medio de estas pruebas de seguridad, una de las enfermeras reconoció ser la persona que hurtó dichos elementos al papá de la exvicepresidenta.
También explicó que se consideró de seguridad nacional porque el decreto 1066 de 2015, estableció que todo lo que ocurra en relación a la familia y a la persona que ocupe dicho cargo, se considerará así.
“Se consideró de riesgo nacional, en razón de que su padre venía a dormir con relativa frecuencia en la casa de la Vicepresidencia cuando ella dormía allá, así como en su residencia personal y él estaba acompañado siempre de la enfermera de turno”, dijo.
Mosquera fue enfático en asegurar que la exvicepresidenta nunca autorizó ni tampoco fue notificada de la decisión de someter al polígrafo a las exempleadas.
“La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez no solicitó, ni tuvo conocimiento previo de la realización de dichas pruebas de seguridad, ni de la demás información relacionada en la noticia porque esto fue manejado como un procedimiento rutinario de seguridad. Simplemente se le informó que una de las enfermeras había reconocido ser la autora de los hurtos continuados y que se había retirado del grupo de enfermería”.
Sobre el decreto el jurista precisó que, “la seguridad de la exmandataria y de su entorno familiar, nacional e internacionalmente se reconoce como un asunto de seguridad nacional y tal como establece el decreto 1066 del 2015, es una de las funciones propias de la protección al presidente y vicepresidente de la República”.
El abogado de Ramírez dijo que este es un plan del actual gobierno para distraer la atención sobre el caso de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, quien al parecer estaría relacionada con el uso supuestamente irregular del polígrafo con la exniñera Marelbyz Meza y la exempleada Fabiola Perea, tras el hurto de un dinero de su residencia.
“Rechazamos que el actual gobierno de Colombia, esté filtrando periódicamente a algunos medios de comunicación, información tergiversada, parcializada o irreal, con claros propósitos políticos de desviar la atención ante los hechos graves que vienen ocurriendo sobre la actual administración, pretendiendo equiparar y normalizar actos cuestionables que son absolutamente disímiles tanto en cuanto a la naturaleza de los hechos, como en cuanto al estatus Constitucional de la Vicepresidente, persona con altos riesgos de seguridad durante el ejercicio de su cargo”, expresó.
Finalmente, anunció que la exvicepresidenta denunciará ante la Fiscalía y también a nivel internacional, lo que consideran como un daño a su buen nombre.
Esta firma ha recomendado a la exvicepresidenta de Colombia y así lo hemos acordado, de acudir a las acciones legales que correspondan tanto nacional como internacionalmente, con el propósito de proteger su buen nombre y reputación de la campaña evidente de desprestigio”, afirmó.