El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que después de este 11 de mayo podría presentarse un incremento exponencial de los movimientos migratorios mixtos que ingresan y circulan en nuestro país y, por ende, los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos de este grupo poblacional y las comunidades de tránsito y acogida.
“Hago un llamado a toda la institucionalidad para que de inmediato se construyan planes de contingencia que permitan garantizar los derechos de los migrantes y refugiados ante el aumento que podría presentarse a partir de ahora. Es fundamental que se considere la instalación de albergues humanitarios para atender esta población en sus necesidades básicas y puntos de orientación y asistencia legal”, subrayó el Defensor del Pueblo.
La razón de esta solicitud deriva del levantamiento, este 11 de mayo, del Título 42 que en Estados Unidos permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU. En marzo del 2020, el Gobierno de Estados Unidos decidió implementar esta medida por temas de salud pública asociados al Covid -19.
A pesar de la restricción, la movilidad humana no se ha detenido. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá durante el 2022 se registraron 248.284 personas migrantes y/o con necesidad de protección internacional en la frontera entre Colombia y Panamá.
En lo que va corrido de 2023 han cruzado esta zona del país 127.000 personas. Los venezolanos continúan siendo los que más transitan con 55.589 personas, seguidos por haitianos 28.610 y ecuatorianos 16.992.
Los equipos de la Defensoría del Pueblo en las regionales del Urabá Darién y Chocó principales puntos de salida de esta diáspora transcontinental, del Caribe y terceros países, han detectado incrementos de población migrante en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia), Acandí y Juradó en (Chocó).
“Para la Defensoría del Pueblo es urgente que se actúe de inmediato para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres quienes son vulnerables a la violencia sexual durante el tránsito. También los derechos de las niñas niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, quienes podrían ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial. Las personas en tránsito se exponen a perder la vida y su integridad ante los múltiples riesgos asociados a la migración”, recalcó Carlos Camargo Assis.
Finalmente, el Defensor del Pueblo también instó a que se agilice la puesta en marcha de los Centros de Procesamiento Migratorios, de manera que se pueda brindar a las personas migrantes y solicitantes de refugio la posibilidad de migrar de manera segura ordena y regular e informarse con medios oficiales y con los organismos humanitarios sobre las condiciones de los países de tránsito y acogida a fin de salvaguardar su vida y de sus seres queridos.
Vía ChicaNoticias