Dilian Francisca Toro ha simentado su caudal político con el sector salud. Comenzó como médica y ahora es la “mandamás” en gran parte del Valle del Cauca.
En el abanico de opositores al proyecto de Reforma a la Salud, además del expresidente César Gaviria, dirigente del Partido Liberal, y de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, ha destacado desde días atrás la actual presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro.
La dirigente política del Valle del Cauca ha dicho esta semana que el proyecto debe estar dirigido “a servir a los colombianos”, al expresar su inconformismo con el texto que finalmente se radicó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Pero no aclara a cuáles colombianos, si a los colombianos que se han enriquecido a costa del mal servicio de la salud pública, o los colombianos que se dan la pela por una cita médica a tiempo o por tener los medicamentos necesarios para su tratamiento.
“Las proposiciones son fundamentales para lograr ese cambio que queremos nosotros y ese acuerdo que hicimos con el presidente, Gustavo Petro, que no está reflejado aún en el proyecto. Esto busca ser útil para la sociedad, por lo que se decidió que si no se incluyen, pues no se votará”, expresó.
Toro señaló que algunas de las proposiciones planteadas por su partido, “son solo modificaciones de redacción o de definiciones que hay que mejorar, porque hicimos un trabajo bien hecho y lo que queremos es que salga una reforma que mejore las condiciones de vida de las personas, pero que también se construya sobre lo que ya está construido. Hay cosas sustanciales que las expresamos”.
Y llaman la atención tales afirmaciones, viniendo de una médica viviendo del bajo mundo de la política, además investigada por la Corte Suprema de Justicia por lavado de activos (lo cual precluyó), a quien desde hace años en su departamento se le identifica como una de las que se ha beneficiado del funcionamiento del actual sistema de salud, poniéndolo al servicio de su burocracia.
Tal vez por eso ha insistido Toro en que el sistema de salud debe mantenerse como un sistema mixto, con una participación tanto estatales como privados.
Y a ella sí que le interesa que los privados no pierdan el rol que hasta ahora han desempeñado en el sistema de salud, pues desde hace bastante se le ha vinculado con los sectores farmacéutico y de servicios clínicos.
Cargos públicos y contratos
En una investigación que desarrolló el portal Cuestión Pública publicadas a finales del 2020, desenmaraña cómo siendo gobernadora del Valle del Cauca, al parecer, benefició a varias empresas del sector salud, cuyos representantes son familiares suyos.
Tal es el caso de Amanda Torres Toro, tía de la exgobernadora, quien es la la representante legal del Laboratorio Clínico Las Acacias, entidad que tiene contratos con diferentes entidades públicas hospitalarias del departamento del Valle. Cuestión Pública encontró que desde el 2013 hasta hoy, Amanda Torres Toro ha contratado, a nombre propio o con la razón social del laboratorio, más de $5.700 millones de pesos, a través de contratación directa y régimen especial, Redes de Salud de Centro, Norte y Ladera, así como con los hospitales E.S.E. de Jamundí, Tuluá, Yumbo y Cali.
En el 2015, “Noticias Uno” denunció tener en su poder contratos del laboratorio clínico de la tía Amanda con el Hospital Isaías Duarte. Entre ellos se incluían varios anteriores al año 2013, así la cifra total de la contratación de la tía Amanda podría ser mayor.
Al ser indagada por Cuestión Pública sobre tales contratos, la entonces gobernadora afirmó no tener nada que ver con eso y que “ella [Amanda Torres Toro] podía contratar con quien quisiera. “Falta de ética fuera si la hubiera contratado yo cuando llegué a la administración, pero ningún hospital la ha contratado después de que yo entré a la gobernación (…) Ella venía hace muchos años contratada”, dijo.
Pero las fechas de los contratos parecieran indicar otra cosa. Cuestión Pública encontró que más del 50% de los contratos firmados por Amanda Torres Toro con entidades públicas del departamento del Valle se dieron en el periodo 2016-2019, tiempo en el que su sobrina, Dilian Francisca Toro fue gobernadora del Valle del Cauca. El monto de dichos contratos es de más de $4.200 millones de pesos y ninguno se ha dado a través de licitación pública según la base de datos de contratación pública.
Otro aspecto está relacionado con una prima de la exgobernadora, Miyerlandi Torres Agredo, quien fue nombrada en la ESE Centro en Cali, el 18 de diciembre de 2009, como gerente encargada bajo la primera alcaldía de Jorge Iván Ospina.
Cuestión Pública encontró que, entre 2013 y 2019, Torres determinó el destino de al menos $10.963 millones. Estos fueron adjudicados en 558 contratos a cinco empresas. Pero esas cinco empresas tienen una característica particular: se constituyeron entre 2013 y 2017. O sea, un año después de que la prima de Dilian Francisca asumiera la gerencia de la ESE Centro, en el 2012. Cuatro de estas empresas se relacionan financieramente entre sí y en tres de ellas figuran personas que trabajaron bajo el mando de Torres.
El Diario Criterio, otro portal de periodismo investigativo, encontró que en la Cámara de Comercio de Cali y el portal de contratación pública Secop, varias de estas empresas comenzaron a contratar con la ESE Centro al poco tiempo de ser fundadas —incluso sin tener experiencia— para convertirse poco después en contratistas asiduas de la salud y otros sectores.
Ese medio encontró que en varios boletines de la Alcaldía de Cali figura el nombre de Fernando Escandón como coordinador general del pool de ambulancias de la ESE Centro, bajo la gerencia de Torres. Según información que se corroboró con la entidad, Escandón trabajó hasta el 30 de abril del 2016 con una actividad de «apoyo profesional administrativo».
Sin embargo, no se entiende por qué el mismo Escandón figuró en la fundación de la empresa Saluvi SAS, en febrero del 2016, si para ese mes aún actuaba como trabajador de la ESE Centro. En todo caso Saluvi, con tres meses de constituida, obtuvo un contrato el 11 de mayo del 2016 con la ESE Centro, por $56.492.000, según lo registrado en el portal de contratación pública Secop.
Tal situación va en contravención del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que regía en ese momento, los exfuncionarios tenían prohibido “prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo […] hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios […]”. Esta es la restricción que la ley asume como ‘prohibición de la puerta giratoria’.
Saluvi SAS obtuvo además otros 13 contratos con la ESE Centro y Escandón aún figura en esa empresa. Los conceptos fueron, en gran parte: “Registrar, controlar, monitorear y realizar el despacho de ambulancias” de la entidad. Asuntos que podrían estar relacionados al cargo que negó haber ocupado.
Cuestión Pública encontró en el Secop que la ESE Centro adjudicó 32 procesos, bajo la gerencia de Torres y por modalidad de régimen especial, a Saluvi SAS. Estos se celebraron entre 2016 y 2019. Juntos suman $900 millones.
Tras sumar experiencia y fortalecer su prosperidad como contratista en la ESE Centro, entre 2017 y 2019, Saluvi SAS consiguió $103.255.468 en cuatro contratos con otra entidad pública: la Red de Salud del Suroriente.
De tiempo atrás
Ahora bien, indganado un poco más atrás en el tiempo, toca mencionar que Dilian Francisca Toro es médica cirujana de profesión. En 1984, con apenas 25 años, fue concejal de Guacarí, su municipio natal, en el Valle del Cauca. De 1992 a 1994 fue alcaldesa del mismo municipio y posteriormente ocupó el cargo de secretaria de Salud en la Gobernación del Valle (1995-1997).
Posteriormente, a los 43 años llegó al Senado con el aval del Partido Liberal (2002-2006). Mantuvo la curul con el Partido de la U hasta el año 2013, fecha en la que renunció al cargo de elección popular para hacerle frente a la investigación que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le abrió (julio de 2012) por presunto lavado de activos, y a partir de la cual le dictaron medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Con su renuncia, el proceso dejó de estar en manos de la Corte Suprema y pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), y allí caducó en julio de 2018.
En el año 2016, Toro llegó nuevamente a la Gobernación del Valle de manos del médico Ubeimar Delgado, quien había llegado al puesto en las elecciones atípicas de 2012 (luego de la destitución de Héctor Fabio Useche).
Según el Diario Criterio, en la campaña del 2012, Toro apoyó a Delgado. Algunos medios reseñaron que este respaldo fue retribuido a Toro con dos cargos públicos para gente de su entorno en el gabinete de la Gobernación. La Secretaría de Salud fue una de ellas, según La Silla Vacía. Cuestión Pública le preguntó a la actual gobernadora por su relación con Ubeimar Delgado y, particularmente, por su apoyo en aquella ocasión, a lo que Toro respondió: “¡Es que todos somos amigos! En la política, todos somos amigos, y cuando hay elecciones, uno con los amigos define apoyar o no apoyar, porque es lo lógico y aquí todos nos conocemos”.
El puesto en la Secretaría de Salud fue asumido por Fernando Gutiérrez, un médico cercano a Dilian, que ya había sido gerente del hospital en Buga y director de la Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño, empresa liquidada que dependía “en un 93% de los ingresos provenientes de la venta de servicios a la EPS del Seguro Social”, según decreto 3870/2008 y sobre la que Dilian tenía un fuerte poder burocrático, en palabras de la revista “Semana”.
Gutiérrez resultó ser esposo de Norma Hurtado, actual representante a la Cámara por el departamento del Valle, exconcejal y gerenta administrativa de la ESE Antonio Nariño cuando Gutiérrez tenía el mando de esta entidad. El caudal electoral del grupo “Nueva Generación” del Partido de la U, colectividad de Toro, ubicó a Norma Hurtado como representante a la Cámara y consiguió la mayor votación en el departamento: 62.406 votos. Estos son hilos de poder que Toro extiende desde lo legislativo a lo regional (o viceversa) y mantienen su vigencia en el poder.
En síntesis, según lo que revelan investigaciones periodísticas, los hilos de poder de la que llaman la ‘Baronesa del Valle’ han perdurado en el tiempo, no solo con Norma Hurtado en el Congreso también en el Concejo de Cali, a través de Tania Fernández Sanchez, quien, vaya sorpresa, también hizo parte de la ESE Antonio Nariño como subgerente Administrativa y Financiera.
Y es que desde que está en la vida política, el sector salud ha sido para Dilian Francisca Toro, su gran fortín. En el 2010, consiguió nombrar en la Superintendencia Nacional de Salud, a Conrado Gómez, quien según “El Espectador”, Conrado era cuota de Toro y su cercanía había quedado en evidencia cuando ella, siendo congresista, lo buscó como asesor en un proyecto que buscaba reformar la salud. Al respecto, la actual gobernadora del Valle del Cauca le dijo a Cuestión Pública que a Conrado Gómez lo conoció en el 2004, cuando el Congreso lo contrató como asesor en temas relacionados con la reforma a la Salud, pero que dicha contratación no dependió de ella, pues no era parte de sus potestades.
Y resulta que Francisco de Paula Gómez, hermano de Conrado, era en ese entonces presidente de Afidro, el gremio que cobija a las multinacionales farmacéuticas en Colombia. Francisco de Paula posteriormente pasó a ser gerente general de Coomeva Medicina Prepagada y director ejecutivo de la ANDI en la Cámara Sectorial de Salud. Dilian Francisca le aseguró a Cuestión Pública no ser muy cercana a Francisco de Paula, pero reconoce que sí que lo recuerda por su paso por Afidro.
Y recuerda Diario Criterio que desde la Supersalud, Conrado Gómez liquidó e intervino más de cuatro empresas prestadoras de servicios de Salud (EPS), entre ellas SaludCoop, otrora la más grande del país. En ese contexto, se enfrentó con la entonces contralora general Sandra Morelli por multas que ella decidió imponer a Carlos Gustavo Palacino, el depuesto presidente de esa EPS. Según la Contraloría, Palacino usó recursos destinado a la salud de los asegurados en otros gastos e inversiones, una práctica que en términos técnicos se llama integración vertical, prohibida en negocios de la salud que funcionen con dineros públicos. Morelli le exigió a Conrado Gómez avalar la sanción, lo que en su momento desencadenó una pugna política que terminó con la renuncia de Conrado, en el 2012.
En mayo de este año, la Contraloría General de la República emitió un fallo en primera instancia por el desvío de fondos en SaludCoop, en el cual encontró responsabilidad fiscal en Conrado, entre varios otros involucrados. Al ex superintendente le atribuyó “una conducta gravemente culposa y omisiva (…) al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento”.
Por todo este historial, resulta ahora curioso que la ex senadora y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, funja de ‘preocupada’ por la presunta ‘amenaza’ al servicio de salud que podrían enfrentar los colombianos de aprobarse el proyecto de reforma a la salud en el Congreso.
Curioso, pero para nada causa sorpresa, pues evidentemente Toro ha sabido sacar provecho de la forma en que hasta ahora ha funcionado el sistema de salud en Colombia, como tantos otros políticos.