Luego de que se conociera que la Fiscalía acusó por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares a Augusto Jiménez, expresidente de Drummond en Colombia, y José Miguel Linares, exvicepresidente de asuntos corporativos y hoy presidente de la empresa, la multinacional emitió un comunicado en el que afirma que “Drummond Ltd. y sus ejecutivos no tienen ni han tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen”.
Adicionalmente, señaló que han ganado los casos en su contra y que “en esas instancias se ha establecido que varios testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por su testimonio”.
Esto, agregó la multinacional “llevó a un juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”.
Finalmente, la empresa reiteró que sus directivos seguirán cooperando con las autoridades en sus requerimientos y que su actuar siempre se ha ceñido a la ley. Además, recordó que adhirió a los principios rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas.
Tomado de gsnoticias