El exjefe anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno Rivera, deportado este viernes de Estados Unidos, podría empezar a pedir ante la justicia su libertad condicional tras cumplir la mayor parte de la pena impuesta en su contra por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que Moreno Rivera, uno de los protagonistas del escándalo del ‘cartel de la toga’, tiene en su contra una sentencia de 58 meses y 15 días de prisión, la cual quedó en firme en la Corte Suprema en el mes de julio.
El exfuncionario, vinculado a la manipulación de procesos judiciales para favorecer a políticos, fue capturado en junio de 2017 y entre el tiempo que estuvo preso en Colombia y en Estados Unidos ya cumple tres años y casi cinco meses privado de su libertad.
Con esas cuentas, podría pedir al juez de ejecución de penas a quien le sea asignada la vigilancia de su condena, que le conceda la libertad condicional.
En la Fiscalía tiene pendientes otras ocho indagaciones en despachos de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y en la Seccional Bogotá por delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato, fraude procesal, utilización indebida de información privilegiada, calumnia y falso testimonio.
Todos los procesos están en etapa de indagación y activos, pero en ninguno hay medida de aseguramiento contra el exfuncionario.
La defensa de Moreno Rivera pidió que sea enviado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, argumentando razones de bioprotección por la pandemia y de seguridad al señalar que, según un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, será testigo contra varios de los procesados por el escándalo de corrupción judicial. Su socio Leonardo Pinilla Gómez llegó a un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a tres años de cárcel y ya disfruta de la prisión domiciliaria en Montería (Córdoba).
El abogado Pinilla Gómez también fue extraditado a Estados Unidos y llegó deportado al país en abril del año pasado.
Igualmente fueron condenados otros vinculados al escándalo como el exfiscal Alfredo Bettín por frenar seis años un proceso contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
Y están en juicio los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. Así como los excongresistas Argenis Velásquez y Julio Eugenio Gallardo. E incluso el caso llegó a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), en donde fueron aceptados cuestionados excongresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton.
La Fiscalía ha presentado recursos para que esos casos sigan en la justicia ordinaria al considerar que los hechos por los que son procesados los excongresistas no tienen que ver con el conflicto armado.