La Corte Constitucional estudia la primera demanda contra la Ley de paz total, que fue la apuesta del presidente Gustavo Petro para negociar con los grupos armados, en la que propuso volver a la búsqueda de la paz, una política de Estado e incluir a las comunidades con diálogos vinculantes.
Y se incluyen tanto a los grupos guerrilleros, como a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a partir del sometimiento a la justicia, y lo que se ha tachado como más polémico es incluir a los desertores del Acuerdo de Paz. Establecido en la reforma a la Ley 418 que es la ley 2272 de 2022.
Lo que alega el demandante Jorge Enrique Pava Quiceno en esta acción pública de inconstitucionalidad es que, la reforma a la ley fue incluida de manera súbita en las plenarias, sin que hubiera sido debatido ni votado en comisiones, y sin que su contenido tuviera relación con los aspectos que fueron tratados previamente.
Según el demandante, esta acción de inconstitucional en contra los dos incisos finales del artículo 2, y los artículos 12 y 18 de la Ley 2272 de 2022, es por resultar contrarios a los principios de consecutividad, edad e identidad flexible en el trámite de formación de la ley contenidos en los artículos 157 y 160 de la Constitución, y contra los incisos finales del artículo.
Tomado de W radio