La exsenadora del Partido de la U, Jattin, quedó en libertad, pero vinculada a un proceso por parapolítica. Le concedieron el beneficio, pues ha delatado políticos y empresarios relacionados con el paramilitarismo en Córdoba. No obstante, la JEP espera mucho más.
Después de cinco años, la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin Corrales, es una mujer libre. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tumbó la medida de aseguramiento en casa que pesaba en su contra luego de que, en 2017, fuera acusada por presuntamente asociarse con paramilitares en Córdoba para crecer en la política, a cambio de poner su función pública al servicio de los criminales.
Jattin se ha comprometido a contar la verdad del conflicto y eso le permitió obtener el beneficio de la libertad transitoria.
La hipótesis contra Jattin se remonta a 2001 y se habría extendido hasta 2007, cuando inició la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Se cree que conocería el andamiaje criminal de las autodefensas en Córdoba, que cooptaron la política en municipios enteros y persiguieron ciudadanos y movimientos sociales e indígenas considerados afines a la guerrilla. El año pasado fue aceptada en la JEP, pues aseguró que contaría toda la verdad de estas relaciones, que incluyen sectores empresariales y hasta religiosos.
Durante el año que Jattin estuvo vinculada a la JEP, intentó quedar en libertad. Luego de diversas negaciones, logró que la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz considerara los aportes a la verdad del conflicto que ha realizado. En audiencias, hasta ahora reservadas, ha entregado el nombre de alcaldes de Córdoba vinculados con el paramilitarismo, que a la fecha no han sido procesados en la justicia. Ha explicado, incluso, cómo las autodefensas controlaron en la región la forma de vestir, la movilidad y la libertad de expresión en municipios como Las Palomas, Tierra Adentro o Valencia.
“Señaló como patrón recurrente el desvío de recursos del sector de la salud, en el año 2003. Señaló que Mario Prada (exalcalde de Valencia investigado por parapolítica) participó en las elecciones de 2006 (para la Gobernación de Córdoba) y que era conocido que tenía vínculos familiares con alias Diego Vecino y personales con Diego Fernando Murillo (…) Adujo que a pesar de que miembros de partidos políticos estuvieron involucrados con paramilitares, la responsabilidad de los partidos políticos no ha sido investigada ni estudiada”, se lee en la decisión de la JEP.