La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava, llegaron durante la mañana de este viernes a Hidroituango y encabezarán un recorrido por el lugar para verificar cómo avanzan las obras.
Aunque por ahora ninguna de esas entidades del Gobierno Nacional ha emitido información sobre el encuentro, se conoció que en el mismo también estará la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo; un delegado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y varios integrantes del gabinete de la Alcaldía de Medellín.
Además de verificar la ejecución de los trabajos, se espera que se realice una reunión privada en la que esos funcionarios discutan los riesgos del proyecto y qué tan viable es que el mismo empiece a generar energía a más tardar el 30 de noviembre, tal como EPM se comprometió con el sistema energético nacional.
Según ha trascendido recientemente, el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el gerente de EPM han venido encabezando acercamientos con la Nación con miras a encontrar alguna alternativa que les permita tener más tiempo para inaugurar la hidroeléctrica.
Una de esas avanzadas se produjo durante la noche del pasado martes 11 de septiembre, cuando el alcalde Quintero sostuvo una conversación telefónica con el presidente Gustavo Petro, en la víspera de la presentación del “Pacto por la Justicia Tarifaria” lanzado por el Ministerio de Minas y Energía.
Tras esa conversación, EPM quedó embarcada sorpresivamente en varios proyectos y asuntos que involucran a la Nación, como la compra de paneles solares para familias vulnerables en Cartagena (por 150.000 millones de pesos) y asumir el rol de agente especial para operar la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta; dos acciones que han sido vistas como gestos de La Alpujarra con miras a ganarse un aplazamiento.
Aunque dentro de las opciones estaría que la propia Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adopte alguna decisión por cuenta propia (corriendo el riesgo de poner en duda la transparencia y el rigor en el manejo del sistema energético), un segundo camino planteado públicamente por el mismo alcalde Quintero sería el de lograr una declaratoria por parte de los organismos de gestión del riesgo para que el proyecto se gane unos días.
Así lo manifestó en una rueda prensa esta semana, cuando señaló que, en caso de que la UNGRD considerara que la entrada en operación de la central antes del 30 de noviembre era riesgosa, EPM podría argumentar no estar incumpliendo ante la Creg.
“Si hacemos las pruebas tradicionales que hay que hacer en el proyecto, estaríamos entrando antes del 30 de noviembre las dos turbinas. Pero si hay que hacer pruebas adicionales por el nivel de riesgo del proyecto eso se iría más allá del 30 de noviembre (…). Citar el PMU (Puesto de Mando Unificado) permite que esa decisión de pruebas adicionales sea una decisión de riesgo y por tanto en este caso no aplicarían sanciones”, dijo el alcalde.
En un sentido similar se pronunció el pasado jueves el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo Jiménez, durante una visita de medios nacionales a la hidroeléctrica, expresando que a la empresa le gustaría tener más tiempo.
“Los cronogramas y toda la parte técnica está dada para cumplir con los plazos, pero hay pruebas con agua que sí nos gustaría realizar con más calma. Sería ideal contar con un par de semanas más para llevar a cabo de manera más tranquila algunas de las pruebas técnicas ”, dijo Giraldo al diario económico La República.
Aunque por ahora no es claro si este viernes podría adoptarse una decisión, se espera que tras la conclusión de esa reunión privada, que arrancó hacia las 11 de la mañana, EPM y el Gobierno Nacional expliquen en qué avanzan esas conversaciones.