La meta de recaudar tres millones y medio de hectáreas de tierra para cumplir con la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz, y así avanzar en la reforma agraria, es una de las metas a corto y mediano plazos del gobierno de Gustavo Petro.
Para ello, ya se anunció un acuerdo de compra de tierras con Fedegán y se está realizando un inventario de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para tener certeza de cuántas hectáreas de tierra hay disponibles y cumplirles a las víctimas del conflicto en la ruralidad. Este inventario responde sobre todo a la posibilidad de que existan irregularidades en el manejo de los bienes, como lo ha denunciado Petro.
Colombia+20 conoció que la Gerencia de Inmuebles Rurales de esa entidad tendría preliminarmente disponibles 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado. De ese total, 33.039 hectáreas cumplen con las características para que beneficien a las víctimas del conflicto armado o aporten a la reforma agraria a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), así como a procesos con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN).
Daniel Rojas, el presidente de esa entidad, en diálogo con El Espectador, aseguró que las administraciones pasadas ya habían ofrecido 12.900 hectáreas (incluidas en las 33 mil) a la ANT, la máxima autoridad en esta materia en Colombia y que tendrá el rol protagónico en las reformas agraria y rural.
Sin embargo, por problemas de ocupaciones irregulares o de saneamiento no las recibieron en su momento. “Ahora estamos superando esos problemas para que esa sea la primera entrega que hagamos en este Gobierno”, aseguró.
Aunque la mayoría de bienes que administra la SAE son urbanos (mansiones, apartamentos, vehículos, aeronaves, embarcaciones, dinero, joyas), los predios rurales con vocación agropecuaria (casas, lotes, fincas o haciendas) son los que históricamente han aportado a solucionar el conflicto por la tierra en Colombia.
Rojas señaló que la entidad ya ha tenido acercamientos con entidades como la Unidad para las Víctimas y la URT -con quien hicieron una mesa técnica interinstitucional para tratar este tema-.
Con la Agencia de Reincorporación y Normalización, por su parte, ya acordaron la entrega en los próximos días dos unidades productivas para que exguerrilleros de las Farc en Fusagasugá (Cundinamarca) y Palmira (Valle) puedan sembrar diferentes productos agrícolas. “Esas unidades productivas buscan fortalecer el proceso de reincorporación y seguir aportando a los proyectos productivos de esa población”.
Arauca y Valle, los mayores aportantes de tierra
El departamento que tiene más tierras rurales en extinción de dominio es Arauca, con 13.772 hectáreas; seguido del Valle del Cauca, con 5.084; Caquetá, con 4.554 hectáreas, y Cundinamarca, con 1.804. A pesar de que el aporte de la SAE a la meta de recaudar tres millones y medio de hectáreas es de apenas el 0,9 %, para Eliécer Morales, líder campesino de la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro, es una ventaja por el tipo de tierras. “Los predios de la SAE suelen ser muy buenas tierras, fértiles y bien ubicadas en valles interandinos, altiplanos y en las sabanas, lo que privilegia mucho la vocación agrícola. Los narcotraficantes compraban las mejores tierras”, afirma.
Edwin Novoa, investigador sobre tierras en Colombia, explica cómo dimensionar lo que significan 33 mil hectáreas para la reforma agraria y señala que la clave está en la Unidad Agrícola Familiar, UAF (un sistema que mide, según las condiciones geográficas de la tierra, cuántas hectáreas necesita una familia para poder subsistir). Por ejemplo, sobre Arauca, que aportará casi el 50 % de todas las tierras que entregará la SAE, explica que “como es altillanura, los predios suelen ser muy grandes. La UAF allá es grande porque es la única forma de que esas tierras sean rentables, entonces puede haber fincas de 2 mil o 3 mil hectáreas”.
Según el investigador, en casos como el del Valle del Cauca o el Cauca, la Unidad Agrícola Familiar es más pequeña “porque son predios muy bien ubicados en términos de productividad. Como son áreas montañosas, una familia en un predio de una hectárea puede producir un montón. 395 hectáreas en Cauca pueden ser 30 o 40 predios”, añade. Novoa también menciona que, en el caso de Caquetá, por ejemplo, otro de los que más aportará con más de 4 mil hectáreas, esa extensión se puede deber a que “por la estructura de la tenencia de la tierra y los tipos de suelo, que son bastante áridos, en una hectárea no se puede hacer nada. Una finca mínimo debe tener 100 hectáreas para ser igual de productiva a una de 10 hectáreas en el Cauca”.
Uno de los hallazgos que llama la atención es que en departamentos como Risaralda, tan afectado por el coletazo del cartel de Cali y el cartel de Medellín en los años 80 y 90, apenas hay 34,2 hectáreas de tierra rural en extinción de dominio. Algo similar sucede con Antioquia, uno de los departamentos más afectados por la violencia paramilitar y el narcotráfico, cuna del cartel de Medellín y la herencia de Pablo Escobar, en donde únicamente se podrán entregar 67,3 hectáreas.
En el caso de Antioquia la mayor parte de las tierras está en el municipio de Fredonia, al suroeste antioqueño, y que aportará 36,4 hectáreas de las 67,3 en total. En ese municipio se llevaron a cabo varios operativos en 1993 que pretendían dar con el paradero de varios integrantes del Cartel de Medellín. Además, el grupo Perseguidos Por Pablo Escobar (Pepes) tuvo control sobre la zona rural de Fredonia a finales de los años 80 y comienzo de los 90.
Milton Valencia y Bryan Triana, abogados investigadores del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, afirman que en departamentos históricamente golpeados por el narcotráfico y el conflicto armado, como Antioquia, la tierra puede estar bajo otra medida. “Por la manera como se adquirió la tierra puede que esta sea objeto de medidas de restitución de tierras y no de extinción de dominio. Eso podría explicar por qué en esos departamentos hay tan pocos predios”.
Explicaron, por ejemplo, que en el caso de Tumaco hay varias hectáreas de tierra en extinción de dominio que fueron compradas por narcotraficantes de otras partes del país y que el Observatorio de Tierras ha podido corroborar. Ese municipio es, de hecho, el que más tierras aportará por parte del departamento de Nariño con 381 hectáreas.
Una de las advertencias que hizo el líder campesino Eliécer Morales sobre este tema es que la entrega material de las propiedades no se haga sin el debido acompañamiento y la entrega de proyectos productivos para ponerlas a producir. Señaló también que, en la medida de lo posible, se debe priorizar la entrega de las tierras de mayor extensión para consolidar proyectos colectivos.
“No es lo mismo tener mil hectáreas en una sola finca a tener mil hectáreas en 100 fincas de a 10 hectáreas cada una. Es importante que se prioricen las de mayor extensión para que en esas sea donde se puedan consolidar proyectos productivos con varias familias campesinas y crear cooperativas”.
Su advertencia no es en vano. Asegura que, desde su experiencia en el movimiento campesino, uno de los puntos más importantes en la reforma agraria del Gobierno Petro será que logre equilibrar los precios de las tierras teniendo en cuenta su nivel de productividad.
“Por ejemplo las tierras de cultivadores de caña en el Valle del Cauca son predios muy desgastados. Ponerlos a producir y arar la tierra es mucho más difícil que en una donde no hay monocultivos. Y eso le va costar más al campesino, esos costos deben contemplarse para que no vayan a fracasar”.
Adicional a las 33.039 hectáreas de tierra que la SAE entregaría a algunas de esas tres entidades relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, hay 20.097 hectáreas en todo el país que ya están en proceso de entrega material a la ANT y que son de vocación agrícola. Esta entidad también confirmó que hay otras 7.196 hectáreas que están en proceso de transferencia, a la espera de que la ANT acepte la entrega materia de los inmuebles que entrarían al Fondo de Tierras para cumplir con la Reforma Rural Integral.
El presidente de la SAE fue enfático en afirmar que la entidad no está llamada a hacer la reforma agraria, y que su papel va a ser de contribución. “Aportaremos a superar el conflicto histórico con el acceso a la tierra permitiendo que predios que fueron de la ilegalidad hagan un tránsito a la legalidad con las poblaciones que más lo necesitan”.