BOMBA PENSIONAL, ¿CUÁL ES LA VERDAD?

Por: Jaime Burgos Martínez. Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Con el pretendido gravamen de las pensiones, en el proyecto de ley de la reforma tributaria, recordaba estos días mis lecciones de filosofía sobre la verdad lógica o del conocimiento, esto es, la conformidad del entendimiento con las cosas, pues he escuchado distintas versiones sobre la existencia de la posible bomba pensional. Pero quién más que el Gobierno nacional, como administrador, debe tener el dato exacto; pero no lo revela. Será que le sucedió algo similar a lo del administrador «astuto» de la parábola del evangelio del pasado domingo (san Lucas, 16, 1-8), que abusó de la confianza de su amo ―léase los afiliados― y alteró su compromiso en beneficio propio.

En realidad, no se sabe. Pero, lo que sí es de conocimiento público y que vale la pena recordar, por ejemplo ―entre muchos errores y equivocaciones de los distintos gobiernos―, fue, por una parte,  el incumplimiento del Gobierno nacional en fijar el monto de la cotización tripartita para la pensión: 8% del salario durante los primeros cinco años y su aumento de cuatro puntos en cada quinquenio hasta llegar al 20%, según la «Pirámide de apalancamiento poblacional», estudio realizado en 1961 por el actuario Gonzalo Arroba, cuando realmente solo se cotizó el 4,5% (entre 1967 y 1985) y luego se subió al 8,0 en 1992; y, por la otra, la emisión de bonos de deuda pública, con las reservas pensionales del Instituto de Seguros Sociales (ISS),  para financiar al  Instituto de Fomento Industrial (IFI), al Banco Central Hipotecario (BCH),  al Fondo Nacional Hospitalario (FNH), etc.

Sin embargo, los responsables de estos desaciertos, sin fórmula de juicio, son los pensionados, a quienes el Gobierno nacional y el Congreso de la República piensan imponerles un gravamen sobre su pensión, por considerarla, equivocadamente, una actividad económica productiva, cuando no es más que la devolución de un ahorro sobre el cual ya se han pagado tributos durante muchos años. ¡Pero esas son las injusticias de la vida!

En efecto, como lo afirma el exministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón, en interesante artículo de opinión (La Silla vacía, 17 de septiembre de 2022), «El problema no es el sistema pensional que se escoja. El problema es qué tan bien se lo administre (…) El gobierno actual quiere entregar de nuevo el carro de las pensiones [pensiones de ahorro individual] al conductor que por 60 años ha sido irresponsable en manejar: el Estado…»; y, desgraciadamente, por intereses politiqueros y populistas ―se arriman programas sociales para financiar con el rubro de pensiones― los gobiernos nacionales han sido malos administradores ante la mirada contemplativa y  complaciente del Congreso de la República, que, en su momento, ha debido ejercer el control político, conforme a las atribuciones otorgadas por la Carta Fundamental. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¡Los pensionados!

Estas equivocaciones no pueden achacarse a los pensionados, puesto que no han hecho otra cosa que someterse al ordenamiento jurídico, así como obedecer a los pronunciamientos de las autoridades administrativas y judiciales, algunas veces ajustados a derecho, y otras, acomodados y arbitrarios; pero todo se cumple. No obstante, el Gobierno nacional, con los congresistas «enmermelados» del Partido de Gobierno, aspira a que se graven las pensiones, aunque sea en contra de la Constitución Política (CP) y de la jurisprudencia cambiante y adaptable (acorde a las conveniencias políticas) de la Corte Constitucional y a los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad (artículo 93 CP). Por ello, el abogado y periodista Juan Lozano, en un foro sobre impuestos a las pensiones, celebrado el pasado 7, en la Procuraduría General de la Nación, recordaba la frase del exvicepresidente de la República, Carlos Lemos Simmonds: «El Estado Ladrón».

No hay derecho a que la mala administración de las pensiones ―y sin decir la verdad de la bomba pensional― sea un premio para el Estado y un castigo para los pensionados, puesto que gravarlas significa la pérdida del poder adquisitivo para enfrentar la espiral del costo de vida, lo cual parece que no entienden los «genios» economistas, de escritorio, del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional, distantes de las plazas de mercado y del vivir cotidiano. 

De tal suerte que aplaudo la posición asumida, en el foro antes anotado y en los medios de comunicación, por la Procuraduría General de la Nación en la guarda de los derechos adquiridos de los pensionados y en la defensa del interés público. Y, a propósito de ello, para concluir, con el debido respeto, le sugiero a su titular que haga conocer a los honorables miembros del Congreso de la República, y, en particular, a los ponentes de la reforma tributaria, las apreciaciones del órgano de control, en un documento que ella suscriba, y no otro funcionario de menor categoría, lo que se ajusta a las reglas de protocolo de la Corporación.