En los últimos años, han salido a la luz grandes casos de corrupción, a través de mecanismos que cada vez son más sofisticados: el caso de las ‘Marionetas’, que involucra al senador Mario Castaño; el del Ocad-Paz, relacionados con la distribución de más de 8 billones de pesos destinados a invertirse en 179 municipios PDET, y muchos más.
Es una labor muy exigente la que se requiere para investigar estos casos.
En entrevista con Colprensa el director Especializado de la Fiscalía contra la Corrupción, Eduar Calderón, asegura que a pesar de estas complejidades, ya hay resultados concretos en casos como estos o el de Centros Poblados, en donde la Fiscalía aspira que a través de preacuerdos se puedan recuperar 15.200 millones de pesos.
Hay una percepción en la ciudadanía de que la corrupción está disparada. ¿Como está avanzando la Fiscalía para frenarla?
Bueno, digamos que es indudable que hoy el tema de la corrupción es de importancia nacional, pero son precisamente las acciones que hemos desarrollado, creo que no sólo la Fiscalía sino los demás órganos de control, las que han permitido evidenciar la magnitud de la misma, y por eso es un tema estratégico del Gobierno actual y el anterior.
Esto venía pasando desde hace muchos años, ahora se ha vuelto visible por lo que hemos realizado sin preferencia, sino fijándonos en los hechos, judicializando, y que quienes deban responder por sus actos, sin importar la línea política, lo hagan.
Nuestra forma de trabajar no ha sido muy rápida, pero sí contundente; en tener suficiente evidencia para que cuando se haga una postulación a un juez; demostrar que lo que decimos está soportado con evidencia y no solo en testimonios. Es decir, tener evidencia técnica y evidencia conceptual que permita establecer que un hecho de corrupción ocurrió y el Juez tenga los elementos para emitir una sentencia, y/o propiciar que las personas capturadas o judicializadas opten por la aceptación de cargos.
Es nuestra estrategia y así le respondemos a la ciudadanía, con acciones contundentes y con decisiones efectivas en la judicatura.
¿En qué van las investigaciones por el caso de Centros Poblados y qué pasó con la plata?
La primera acción de la Fiscalía fue muy rápida, en 60 días. Nosotros logramos la judicialización de tres personas, entre ellos Emilio Tapia, Juan José Laverde y Juan Carlos Benavides que se entregó. En esta primera etapa fue un tema de falsedades y fraude procesal.
La segunda etapa fue del tema de los recursos públicos que estuvieron afectados, volvimos a imputar a Emilio Tapia, Juan Carlos Cáceres Bayona, Luis Fernando Duque y a otras personas que contribuían para que se apropiaran de recursos.
Vamos en esas dos fases, ya la Fiscalía formuló acusación, estamos pendientes de que el juez convoque para realizar la audiencia, y de algún tipo de negociación que permita resolver el tema con sentencias, pero que se permita que esas personas que afectaron el ejercicio de la función pública de Mintic puedan reintegrar esos valores que decimos que no fueron invertidos en el objeto contractual, porque de eso se trata el peculado, cuanto se apropiaron de lo que les entregaron para invertir.
¿Cómo avanzan precisamente los preacuerdos por Centros Poblados?
El preacuerdo es que ellos aceptan su responsabilidad; tendrán una condena, pero deben reintegrar dineros.
La Fiscalía tiene la tesis de que la apropiación fue aproximadamente de 15.200 millones de pesos y sobre ese valor están tratando de hacer los reintegros respectivos.
Es decir, el señor Emilio Tapia responderá por una suma cercana a los 5.000 millones, el señor Juan Carlos Cáceres por una suma cercana a 9.000 millones y otros por sumas entre 300 y 100 millones de pesos. Con eso se completarían los 15.200 millones de pesos, más algunos intereses que se tienen que realizar.
El miércoles se posesionó la ministra de las TIC, estamos pendientes de una reunión con ella, para explorar estas fórmulas de arreglo, ellos constituyéndose como víctima y considerar si se puede resolver esa situación con sentencias, porque independientemente de que reintegren, van a salir condenadas.
La Fiscalía ha logrado judicializar a más de 30 funcionarios de la red de corrupción en la que está involucrado el senador Mario Castaño ¿Él es la única cabeza de esta red?
Mario Castaño fue un tema que salió hace más o menos un año y medio, donde fiscales e investigadores estaban al tanto de lo que ocurría.
Nosotros estábamos viendo una situación; si hubiese sido el tema de Mario Castaño, tal vez hace un año hubiéramos podido capturar a una persona o dos. Pero no era la situación, sino que estábamos viendo que se estaban presentando temas de corrupción no solo en un contrato sino en varios.
Entonces comenzamos a analizar la situación y por eso tenemos 33 personas judicializadas, siete alcaldes de los cuales cinco aceptaron cargos, dos de ellos ya están buscando preacuerdos. Todos los contratistas aceptaron cargos, ante las evidencia.
Eso nos permitió compulsar copias a la Corte Suprema y que en menos de dos meses dictara una medida contra Castaño. Además, la unidad de extinción de dominio también actuó de rápidamente al punto que ejecutó acciones de extinción de dominio sobre bienes del senador que ascendieron a más de 13.000 millones. Es bueno resaltarlo porque es la primera vez que yo veo que hay una articulación de la Corte, la Unidad de Extinción de Dominio y la Dirección Nacional Anticorrupción en una red completa y no es fácil. Seguramente vendrán otras decisiones contra otros funcionarios que son residuos de ese tema de corrupción.
En días pasados anunciaron la firma de un preacuerdo con Nova Lorena Cañón ¿Qué información esperan obtener de su testimonio?
Nova Lorena Cañón tiene dos temas, uno es el principio de oportunidad y otro es el preacuerdo. El principio de oportunidad es que ella va a hacer una colaboración con la justicia, desde que ella fue capturada tuvo abogados, vio la evidencia que teníamos y manifestó su deseo de colaborar.
Contra quien declararía era contra el senador, eso ya está; el día de ayer se legalizó el principio de oportunidad en esas condiciones.
Por esa colaboración y alguna otra que también sirvió para judicializar a algunos alcaldes, ella fue beneficiaria de ese principio que otorgó el Fiscal General. Este principio de oportunidad tiende a perdonarle delitos como el interés indebido en la celebración de contratos, tal vez el concierto para delinquir, pero va a preacordar por otros delitos y por esos delitos saldrá condenada y devolverá unos 100 millones de pesos.
¿El otro preacuerdo a favor de quién es?
De Santiago Castaño, un contratista. A él se le van a perdonar dos delitos y va a salir condenado por otros.
En qué avanzan las investigaciones de los recursos de Ocad-Paz en donde la Fiscalía dijo que tiene bajo lupa 2.000 contratos. ¿Que han encontrado?
Ocad-Paz es un tema bastante complejo por la cantidad de información. Según registros públicos hay más de 8 billones de pesos que estaban destinados a invertirse en 179 municipios Pdet y esos se dividen en muchísimos proyectos y esos a su vez en muchísimos contratos, entonces de ahí la necesidad de crear ese grupo estratégico de Fiscales.
En este momento estamos organizando el grupo de investigadores porque es una dedicación exclusiva, es muy complejo el entramado de corrupción que posiblemente se haya presentado.
Parece que ha estado muy bien organizado, vamos a tener un trabajo bastante dispendioso para llegar a las personas que hayan participado, pero nuestra intención es llegar hasta donde podamos llegar; porque esto no solo pasa en los niveles más inferiores como el caso Mario Castaño, son temas que pueden ser repetitivos, una misma situación, un mismo modus operandi.
En este momento estamos revisando y organizando la información, algunos sitios de interés tienen la prioridad, porque es muy difícil atacar todo. El grupo de fiscales que se crea es para priorizar las situaciones más críticas y vamos a definir unas líneas estratégicas de trabajo e impactar en el menor tiempo posible.
Esa es nuestra meta, en este momento ya estamos organizados con algunos expertos, con la Policía, los investigadores y con los Fiscales, poniéndonos a tono con la temática, haciendo cruces de información y seguramente en los próximos días comenzamos unas actividades de campo. La idea es que se pueda tomar decisiones en unos seis meses.
Hay dos hombres de confianza de Richard Aguilar que llegaron a preacuerdo con la Fiscalía ¿Que aportarían a la investigación y cómo avanza el proceso?
En el tema de Richard Aguilar la dirección anticorrupción asumió la investigación sobre personas no aforadas. Él era gobernador, por lo que tiene fuero y lo tiene la corte.
En este sentido, nosotros tenemos a los que eran secretarios de planeación, al asesor jurídico y a los contratistas. Contra ellos se hizo una acción judicial, se les imputó, y se llevaron dos preacuerdos.
Estamos en el proceso de que hagan el reintegro de los dineros apropiados, ya han reintegrado 800 millones de pesos, faltan 400 millones. La idea es que lleguen a un reintegro de 2.000 millones.
Pero la idea es que tengan unas condenas; el preacuerdo implica que esas condenas por el reintegro, por las negociaciones que hay para aceptar su responsabilidad, van a tener unas rebajas de pena.
Trataremos que las penas seas proporcionales a lo que reintegran y a los hechos. También, están dispuestos, incluso ellos han manifestado su interés de que, como resarcimiento a la comunidad, se construya un centro deportivo en Bucaramanga.
Vía El País