Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenaron archivar el incidente de desacato que había iniciado en contra del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por supuestamente no entregar información sobre avances en el desmantelamiento en las organizaciones criminales.
La determinación fue adoptada por parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP que tuvo a su cargo el análisis del caso en el marco de las medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz.
Según los magistrados, se logró evidenciar que sí se presentó una respuesta al cuestionario de doce preguntas, tanto a la orden como al requerimiento formulado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
Sin embargo, se estableció que dicha respuesta del Ministerio de Justicia nunca llegó al expediente oficial, a causa de un error en el envío de las comunicaciones por parte de quien quiso dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
La información solicitada al Ministerio de Justicia estaba encaminada a establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que se deben adoptar.
«La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad, como se estableció en el Acuerdo final de Paz y se desarrolló normativamente, y la verificación de que se han cumplido de manera efectiva», señaló en su momento la JEP en su decisión.