La declaración del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue clave en la apertura de los subcasos anunciados recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en los departamentos de Casanare y Antioquia.
Fue así como señaló que en muchas oportunidades los paramilitares colaboraron con la ubicación de civiles ajenos al debate para retenerlos y llevarlos al Batallón. Acto seguido fueron asesinados, vestidos con camuflado y presentados oficialmente como guerrilleros abatidos en combate.
El magistrado Alejandro Ramelli, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, aseguró que se tiene proyectado buscar nuevamente la versión del exjefe del Clan del Golfo quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una cárcel en los Estados Unidos.
“En el caso de ‘Otoniel’ lo que nos comentaba era precisamente cuál era la situación de Dabeiba, quiénes eran los comandantes paramilitares, cómo funcionaban y eso concuerda con las versiones de los comparecientes”, precisó el magistrado.
Otoniel fue extraditado, pese a la petición de las víctimas a los Estados Unidos el 4 de mayo pasado. Una Corte del Distrito Sur de la Florida lo requiere por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tráfico de armas y homicidios selectivos.
Esto en el marco de la imputación de cargos a tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado por los asesinatos y las desapariciones forzadas que se registraron en el cementerio Las Mercedes ubicado en Dabeiba, Antioquia.
En este caso la JEP reseñó tres patrones: homicidio de campesinos de la región señalados de colaborar con la guerrilla y combatientes que se desmovilizaron. Igualmente, se reclutaron bajo engaño personas de Turbo, Medellín y municipios aledaños para ser asesinados y registrados como guerrilleros. Con el fin de evitar una investigación, estos cuerpos fueron enterrados en los cementerios de Dabeiba, Ituango y Carepa como NN.
En la citación, la JEP sostiene que 49 personas fueron asesinadas por miembros activos del Ejército y presentadas oficialmente como bajas en combate con el fin de mostrar resultados operacionales en la región en la lucha contra la subversión. “Con el apoyo de la Unidad y Medicina Legal, el proceso de contrastación judicial le permitió a la JEP recuperar, identificar y entregar dignamente a 8 víctimas inhumadas en el Cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, y 3 más conjuntamente con la Fiscalía”, aseguró la JEP.
Los imputados son: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar), Efraín Enrique Prada Correa (excomandante de ese batallón), Edie Pinzón Turcios (excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos).
También hay dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (Batallón 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (Batallón 79). De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del Batallón 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del Batallón 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.