En un documento de 26 páginas, el registrador Nacional Alexander Vega le dice al magistrado del Tribunal Luis Manuel Lasso que «es inaceptable y desproporcionado» que la razón para solicitar la suspensión provisional de su cargo esté basada «en artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados, con marcado contenido político».
En la respuesta a la acción popular que radicó en su contra el abogado Germán Calderón España, concluye que ese recurso “no logra demostrar una conducta intencionalmente trasgresora del ordenamiento legal y jurídico a título de fraude”, como lo alega el demandante.
“Tal como se advierte del escrito de demanda y su respectiva adición, la acción popular encuentra asidero única y exclusivamente en múltiples notas periodísticas y pantallazos de “Tweets”, los cuales per se no tienen la connotación de constituir una prueba irrefutable de los hechos esbozados en el escrito de demanda”.
El Registrador advierte que la Procuraduría es la competente para imponer una sanción en su contra y de prosperar la pretensión del demandante estaría usurpando funciones en el aparato judicial.