La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía radicó ante un juez especializado de extinción de dominio la demanda relacionada con los bienes que en 2021 fueron ocupados por la Fiscalía al senador Armando Benedetti y miembros de su familia. De esta manera se da inicio a la etapa de juicio en este proceso.
Con esta audiencia, se inicia la etapa de juicio en la que un juez de extinción de dominio definirá si le asiste o no razón a la Fiscalía en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares que impuso sobre los bienes afectados.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre del senador Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.}
De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda.
Los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.
Las acciones adelantadas se originaron en una compulsa de copias ordenadas por la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación adelantada en contra de Benedetti. Información suministrada por la DIAN permitió establecer que el señor Benedetti Villaneda presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
El material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar. A estas acciones se habría sumado Ruby Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.
En carta enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el senador Armando Benedetti expuso supuestas irregularidades en la extinción de dominio en contra de un apartamento de su propiedad.
Según el congresista, “por primera vez, una magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de una sentencia, definición de situación jurídica o decisión de fondo, compulsa copias para que se adelante un proceso de Extinción de Dominio en contra de los bienes que tiene un Senador”.
Benedetti indicó que, con ocasión a esta compulsa, “la Fiscalía adelanta un proceso de Extinción de Dominio en contra de unos bienes de mi propiedad, dentro del cual se profirió una decisión cuyo contenido trastoca el carácter real-patrimonial de la acción de Extinción de Dominio, impregnándole un evidente carácter personal, en mi contra”.
Tomado de W radio