La institución deberá responder ante el Ministerio Público sobre su operación armada en Puerto Leguízamo a más tardar mañana
Luego de que se conociera que 11 personas fueron asesinadas en Puerto Leguízamo, Putumayo, presuntamente por las Fuerzas Militares, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la institución hacer un informe detallado sobre la operación militar que llevó a cabo el Ejército en esa zona.
A pesar de que los reportes oficiales sostienen que los fallecidos eran integrantes de un grupo armado ilegal llamado Frente 48, el Ministerio Público recibió información de que «las personas heridas y fallecidas en esta operación no serían integrantes de Gao-Residual 48, sino que serían integrantes de la comunidad».
El Moviccaap, movimiento campesino, agrario y ambiental, denunció que entre las personas dadas de baja se encontraba un menor de edad, un presidente de una junta de acción comunal, una mujer, un gobernador de un resguardo indígena, entre otros.
Este informe reporta que «las Fuerzas del Estado cometieron una masacre desalmada en contra de humildes campesinos, campesinas e indígenas, que no tienen nada que ver con relación a los informes entregados por la Fuerza Pública».
Ante esto y otras denuncias, la Procuraduría declaró de «imperativo» esclarecer lo sucedido, pues el Ejército podría haber violado el Derecho Internacional Humanitario si las víctimas eran civiles. La institución tiene hasta mañana a las 2:00 p.m. de entregar un informe completo sobre su operación.
Este hecho causó que expertos como Camilo González Posso, presidente de Indepaz, cuestionara si se tratara de un nuevo caso de falsos positivos en el país. «Debe hacerse presente la misión de Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos, de modo que esto no se convierta en otro ocultamiento y otro hecho de impunidad», apuntó.