Luego de las acciones terroristas del ELN durante el paro armado del 23 al 26 de febrero, la Defensoría del Pueblo lamentó que se elevaran los casos de desplazamiento y confinamiento en algunas zonas del país.
Los municipios más afectados fueron Istmina y Sipí, en Chocó, donde 365 personas que integran a 85 familias fueron desplazadas. Y en Bojayá 3.700 personas de 915 familias fueron obligadas a permanecer confinadas en sus hogares.
En Buenaventura 8.000 personas permanecen aisladas debido a múltiples enfrentamientos y actos de intimidación en su contra.
Similares a los que obligaron a 48 personas en Guapi, Cauca, a abandonar sus hogares. El mismo periplo en el que se vieron envueltos 192 habitantes de Suarez y 89 de Argelia.
Una situación equiparable a la de Puerto Asís, en Putumayo, donde ocurrió un desplazamiento masivo de 150 personas.
Por lo que el defensor del pueblo, Carlos Camargo solicitó a las autoridades de orden nacional y departamental tomar cartas en el asunto, ya que, por el momento, sobrepasa la capacidad de las entidades locales.
Tomado de Caracol radio