El próximo viernes 11 de marzo, el juez que tiene el caso del empresario Carlos Mattos definirá si aprueba o no el preacuerdo que firmó con la Fiscalía en medio del escándalo de sobornos a funcionarios judiciales por el caso Hyundai.
En el preacuerdo, Mattos acepta que sobornó a la justicia en búsqueda de obtener una decisión judicial favorable para quedarse con el dominio y la representación de la firma en Colombia.
Si el preacuerdo es aprobado por el juez, inmediatamente Mattos se beneficiará con una significativa reducción en la condena que rodearía los cuatro años de cárcel por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, daño informático y cohecho (soborno) por dar u ofrecer y otros.
El empresario Carlos Mattos también se comprometió a pagar como reparación al sistema judicial cerca de un millón de dólares que serían repartidos en partes iguales entre la Rama Judicial y la Fiscalía.
En una audiencia pasada sobre la evaluación judicial del documento, la Procuraduría criticó que la Fiscalía resultará beneficiada económicamente en medio de la reparación que entregará Mattos.
“Según el preacuerdo, la finalidad de ese compromiso consiste en reparar los daños y perjuicios ocasionados por el señor Mattos. La Procuraduria entiende que esa reparación es explicable para la administración judicial que es la real victima (…) por qué la Fiscalía debe recibir 500 mil dólares si la Fiscalía no aparece constancia de que haya sufrido daños”, dijo el Procurador delegado en ese caso.
Lo que ya se cayó de ese documento fue la negociación sobre el lugar donde Mattos pagaría la condena, esto por el escándalo que se desató a raíz de sus salidas al parecer irregulares, de la cárcel Picota donde se encontraba detenido.
Actualmente, Mattos está preso en la cárcel de máxima seguridad de Combita ubicada en Boyacá.