Según las cifras provenientes del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos, de las 329 muertes violentas registradas en el marco del conflicto armado, “24 corresponden a civiles y 89 a miembros de la fuerza pública”.
De acuerdo con la esa unidad de la Jurisdicción Especial de Paz, en ese año también se presentaron el mayor número de masacres, con 93. En 2017 se habían reportado 19 casos; en 2018 fueron 26; en 2019 la cifra llegó a 21; 2020 representó un crecimiento crítico hasta llegar a 71; y en 2021 se superó por más de dos decenas.
También en el 2021 se registraron 228 combates entre fuerza pública y grupos armados ilegales y 134 hostigamientos a militares y policías. Además, los grupos armados ilegales reclutaron 89 niños para incorporarlos a sus filas.
La UIA detalla en su información que actualmente existen tres grupos armados ilegales con amplia organización en el país: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con presencia en 294 municipios del país, las disidencias de las Farc, que ya presentan 28 frentes o columnas móviles, y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país de origen paramilitar.
Dentro de su informe, la UIA también reportó el aumento en hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, durante 2021 el Clan del Golfo presentó 157 “posibles infracciones”, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del Eln.
La mayoría de las posibles infracciones al DIH se dieron por utilización de armas prohibidas como artefactos explosivos que “impiden dirigirse a un objetivo específico”.