El director Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, explicó los alcances de la petición que presentó ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), para que se investigue a los integrantes de las antiguas Farc por los crímenes ambientales que fueron cometidos durante el conflicto armado.
De acuerdo con Gómez, la siembra de cultivos ilícitos y la voladura de torres de energía, así como de oleoductos, hacen parte de los hechos que el Estado advierte atentan contra el medio ambiente, por lo que piden a la justicia transicional que se investiguen, juzguen y sancionen estos hechos.
«Estos crímenes no son amnistiables y hacen parte de los llamados crímenes de guerra», explicó Gómez en entrevista.
Recordó que durante los años en los que las Farc fueron parte del conflicto armado, perpetraron atentados a oleoductos e infraestructura eléctrica que lograron un daño ambiental.
«Así como su estrecha relación con el narcotráfico el cual es parte del enorme daño ambiental en los ecosistemas colombianos por el derramamiento de líquidos, el procesamiento de cultivos de coca y cocaína, la tala de árboles indiscriminada y desde luego la minería ilegal», explicó el jurista.
Gómez señaló que uno de los argumentos para hacer esta petición obedece a que las Farc han reconocido en varias ocasiones su vinculación con el narcotráfico y, «por lo tanto, son cómplices directos del daño ambiental que el narcotráfico, gran depredador del medioambiente, ha causado en Colombia y de acuerdo con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI), deberán ser juzgados por la JEP».
«Yo espero que la JEP tenga en consideración la gravedad y la importancia de esta petición, sobre todo porque al ser un crimen de guerra tiene que ser investigado y amerita la apertura de un ‘macro caso’, porque el daño ambiental y su vínculo -especialmente con el narcotráfico- no puede ser tratado dentro de los demás procesos».