La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, explicó que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puede hacer campaña contra la revocatoria pero aclaró que los recursos para la financiación de la misma deben ser propios y no de la alcaldía.
También explicó que Quintero puede convocar a rendición de cuentas sobre su gestión y que estos eventos sí pueden planificarse y ejecutarse con los dineros de la administración, teniendo en cuenta que así lo contempla la ley.
En diálogo, señaló que el alcalde de Medellín debe hacer una campaña en la que entregue cuentas sobre los recursos y su administración.
«Los alcaldes y gobernadores que podrían ser revocados tienen todo el derecho de defensa, tienen tanto derecho ellos como sus funcionarios de mostrar su gestión y hacer una rendición de cuentas», señaló.
Indicó que «pueden hacer una campaña frente a la revocatoria y se deben reportar los gastos a la autoridad electoral».
Barrios precisó que «esta completamente prohibido utilizar recursos de la alcaldía o de la gobernación, dependiendo el caso para esa defensa, amenazar a los funcionarios públicos frente a la postura que adopten en torno a esa rendición de cuentas que tienen que hacer los alcaldes o gobernadores de turno».
Además, explicó que no se pueden utilizar los bienes y servicios de la Alcaldía para conseguir recursos para financiar la rendición de cuentas que finalmente, mostrará los resultados en las urnas.
Claudia López
La directora de la Misión de Observación Electoral expresó que los alcaldes, gobernadores y presidentes de la República no pueden participar abiertamente en política, e indicó que deben garantizar el ambiente de igualdad para todos los candidatos a cargos de elección popular.
«Los funcionarios públicos no pueden participar en las controversias políticas, no pueden participar en campañas políticas y uno de los objetivos de la ley que así lo prohíbe es que no se pongan bienes y servicios del Estado para acompañar campañas o propuestas políticas o ideológicas», señaló Barrios.
Insistió que, con referencia a lo que ocurrió con los trinos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, será la Procuraduría General de la Nación la que defina si o no participó en política y, de ser así, habrían sanciones en su contra.
«La alcaldesa como los demás funcionarios, deben cumplir la ley», dijo.