Desde que John Fernando Marín comenzó a liderar misiones médicas en las manifestaciones del paro nacional en Cali, su vida se ha tornado en una pesadilla. Llamadas amenazantes, envío de coronas fúnebres y otras amenazas a su hogar, insultos mientras ejerce su labor, entre otros hostigamientos han sido el pan de cada día. El hecho más grave es la desaparición de su hermano, cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2021. Ante el escaso avance de las investigaciones sobre el infierno que atraviesan los Marín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le exigió a Colombia que adopte medidas para protegerlos.
“Sabemos dónde estás, te tenemos ubicado, estas en el parque del ancla al lado de una muchacha que tiene uniforme azul”. Así fue la llamada que recibió el 13 de mayo de 2021 John Fernando Marín mientras coordinaba una misión médica de voluntarios en Cali en medio de jornadas de protesta. De inmediato se movió de lugar, pero a los minutos recibió otra llamada: “pensás que es un juego, te estábamos siguiendo, estás en el puente de los mil días”. Llamadas de ese calibre se repitieron una y otra vez, por lo menos, hasta el 24 de mayo.
Ese mismo día, cuando iba a atender a un agente del Esmad que estaba herido en el suelo, el uniformado, al parecer, le dijo: “¿Usted esta con ellos o con nosotros?”. Cuando Marín le contestó que la misión médica era neutral, recuerda que el hombre le contestó: “están para morirse”. Esa misma semana, un conductor que transportaba por Cali a la misión médica fue retenido por varias horas y sus secuestradores exigían un trueque, la libertad de John Fernando Marín. “Es sencillo él nos entrega al coordinador de la Misión Médica y hacemos el cambio”, les habrían dicho por teléfono. En agosto, Marín recibió una corona fúnebre en su casa que llevaba su nombre escrito con marcador.
Todos estos hechos están descritos en la resolución mediante la cual la CIDH le otorgó medidas cautelares a Marín y a su hermano, Fredemy Alberto Marín, quien hoy se encuentra desaparecido. “Resulta preocupante la falta de protección a John Fernando, pese al conocimiento de situaciones que pueden implicar un riesgo para él. De igual manera, de la información recibida por parte del Estado no se da cuenta de ninguna acción que represente avance en las investigaciones, lo que permita la identificación de las personas responsables de los hechos alegados, y evitar su repetición”, señaló la corporación internacional en el documento de 13 páginas.