Después de 21 años se empezó a mover nuevamente el expediente por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima, registrado el 25 de mayo del año 2000. La Fiscalía General de la nación acusó ante un juez de conocimiento al dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) Marco Javier Morales Pinto por su presunta participación en los hechos que rodearon la retención ilegal de la comunicadora cuando se encontraba realizando un reportaje dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá.
El funcionario del Inpec tendrá que responder en juicio por el delito de secuestro simple agravado, hecho que desencadenó los hechos violentos contra la periodista quien fue víctima de tortura y abuso sexual por parte de sus secuestradores.
Según la investigación de la Fiscalía, el dragoneante tuvo una activa participación en el plan para engañar a la comunicadora mientras estaba esperando ingresar al pabellón para entrevistar al exjefe paramilitar Mario Jaimes Mejía alias El Panadero, quien le iba a contar sobre las actividades ilegales que se adelantaban dentro del establecimiento carcelario.
El funcionario, al parecer, habría sido la persona que recibió a Bedoya en la puerta de entrada puesto que era el encargado del filtro de acceso y, presuntamente, la mantuvo esperando media hora para autorizar su acceso. Según testimonios recolectados, le señaló a la comunicadora que pese a que su ingreso ya estaba autorizado debía esperar la boleta de entrada.
Sin embargo, se comprobó que el permiso no estaba autorizado ni la entrevista se iba a realizar. La demora se hizo para que Bedoya se quedara sola en la entrada para ser abordada por un hombre armado que la amenazó para subirla a un vehículo rumbo a una bodega.
En el trayecto, la periodista fue amenazada y abusada sexualmente. Horas después, un grupo de personas la trasladó hasta Villavicencio, Meta, para abandonarla en la vía púbica.
En la acusación se precisó que el secuestro de Bedoya fue planeado desde dentro del centro carcelario por un grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y narcotraficantes, todo esto bajo el conocimiento y aval de agentes de la Fuerza Pública y del Inpec.
El secuestro se ejecutó como parte de una retaliación por los reportajes hechos por Bedoya Lima por actos de corrupción y de extrema violencia que se estaban presentando en el interior de la cárcel La Modelo en la lucha que sostenían paramilitares y guerrilleros que estaban privados de la libertad.
El dragoneante se defenderá en libertad durante el desarrollo del juicio. Sin embargo, el juez le ordenó a Migración Colombia y otras autoridades tomar las medidas de fondo para evitar que el acusado salga de país y se presente a los llamados de la justicia.
Por el secuestro de Bedoya y las falencias en la obtención de verdad, justicia y reparación, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fallo se advierte que se presentaron fallas en la investigación por identificar a los responsables de este secuestro, tortura y violación, así como el establecimiento pleno de las acciones y vejámenes que se cometieron contra la periodista.
Debido a esto, se ordenaron una serie de medidas con el fin de que el caso no quede en la impunidad y la periodista pueda recibir un acceso constante a la administración de justicia.
Igualmente, se hizo un llamado de atención para evitar que siga siendo revictimizada, esto teniendo en cuenta que durante dos décadas tuvo que relatar los dolorosos hechos que vivió ante diferentes autoridades, lo cual representó un desgaste físico y psicológico, esto sin contar las demoras en los proceso contra las personas implicadas en este caso.
Tomado de La Semana