El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó el informe de la relatoría financiada por el sistema de Naciones Unidas, sobre las muertes que se registraron el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, en el que se concluyó que hubo una ‘masacre policial’.
Señaló además que las muertes no pueden utilizarse para hacer campaña política y tampoco se puede ocultar lo que ocurrió en esa trágica noche.
“Hechos tan tristes y lamentables como los ocurridos el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá no pueden ser objeto de un manoseo electorero y político. Tampoco se puede permitir que sectores radicales quieran ocultar la verdad o sacar provecho personal”, afirmó.
El informe establece que la Policía Nacional se apartó del principio de humanidad y utilizaron de manera ilícita sus armas de dotación.
«Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía Nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial», se indicó.
Señaló además que «el uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de once jóvenes, en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia», se señala en uno de los apartes del informe de la relatoría.
Por lo mismo, el defensor del Pueblo cuestionó que se pretenda denigrar el papel de la Policía Nacional, según él, sin tener pruebas ni argumentos, únicamente para apoyar las campañas políticas rumbo a la Presidencia de la República y al Senado y la Cámara de Representantes.
«Para la Defensoría del Pueblo, es fundamental que la ciudadanía tenga clara la importancia de proteger la institucionalidad. No se puede permitir que denigren de ella sin pruebas ni argumentos claros con fines claramente electorales», dijo.
Además agregó que «este trágico episodio no se puede quedar en tensiones o debates políticos. La polarización del país, en medio de una época electoral, genera riesgos para que no se conozca la verdad y para que no se haga justicia en este violento episodio».
Finalmente, Camargo Assis sostuvo que es urgente que se conozca la verdad y que los familiares de las víctimas, puedan seguir adelante. «La Defensoría sigue atenta al avance de investigaciones. El país requiere conocer la verdad, que se individualice a los responsables y que se impongan las sanciones del caso. Debe prevalecer el derecho a la verdad y a la justicia que tienen los familiares de las víctimas», apuntó.