Recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó críticas contra un articulo del proyecto de ley anticorrupción que propone hasta 10 años de cárcel y multas económica para los ciudadanos que emitan críticas en contra de funcionarios públicos.
En diálogo con La FM, Ricardo Trotti es director ejecutivo de la SIP, manifestó que esta iniciativa subvierte todo lo que representa la administración pública en una democracia.
Trotti subrayó que los funcionarios públicos tienen deben obrar con transparencia y siempre tienen que estar dispuestos a una someterse a una rendición de cuentas, además, recalcó que deben tener una alta tolerancia a los cuestionamientos que emiten los ciudadanos, periodistas y otras entidades que son figuras «fiscalizadores» en una sociedad libre.
«Esto que pasa en Colombia nos sorprende totalmente, pues subvierte el orden de la democracia y crea privilegios especiales para quienes no los deben tener, según el orden democrático», agregó.
El director ejecutivo de la SIP recordó que este tipo de medidas existen en sociedades como la cubana y venezolana, donde el orden constitucional se ha ajustado para brindarle una protección especial a los funcionarios públicos, pues se sanciona a quienes cuestionan sus acciones.
«Esto es algo que viene de las monarquías, pues el rey era un representante de Dios y por ello no puede ser criticado. Pero en los últimos años, diferentes entidades han logrado que en muchos países de América Latina se eliminaran estos conceptos. Pero vemos que en Colombia quiere intentarse una ley, que está en Venezuela, que brinda protección para funcionarios públicos privilegiándolos ante los demás ciudadanos de una democracia, cuando debe ser al revés», declaró.
Ricardo Trotti subrayó que Colombia es un país con una alta aristocracia democrática en América Latina y este tipo de medidas representan un grave, pues abre la puerta a que otras naciones imiten iniciativas como estas.
Finalmente, Trotti aseguró que el implementar una ley para brindar a los funcionarios ante la critica ciudadana haría que Colombia quedará en una equivalencia a países como Venezuela, en materia de protección a la democracia.
«Los funcionarios tienen la obligación de ser más tolerantes a las criticas que otro ciudadano, esto es un grave peligro y hay que tomar conciencia de o que se está tratando de hacer en Colombia. Esto es contrario a una ley anti corrupción».