El fondo “Todos somos pacífico” se creó en el plan de desarrollo 2014-2018 del gobierno anterior. En cabeza del Ministerio de Hacienda en 2015 se aprobó un Conpes para contratar operaciones de crédito público externo por alrededor de 400 millones de dólares en proyectos de desarrollo del litoral pacífico.
Ese mismo año se designó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como ejecutora del fondo que logró conseguir recursos de la banca multilateral. Concretamente los recursos pertenecen al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial y hay varios frentes de inversión. Agua y saneamiento básico, energía, conectividad fluvial, residuos sólidos y fortalecimiento institucional. Con el cambio de Gobierno y de cargos directivos en todas las entidades en 2018, el fondo continuó con la búsqueda de proyectos para ejecutar los recursos.
Hasta ahora se han ejecutado varios proyectos para beneficiar a población vulnerable en Chocó y Nariño. Uno para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, montaje de subestaciones de distribución y la instalación de acometidas y medidores para 1700 hogares por 13.290 millones de pesos. Otro para la ampliación del servicio eléctrico mediante la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, montajes de subestaciones de distribución con el beneficio de 18 veredas y 466 hogares para que pudieran tener energía continua durante las 24 horas.
Sobre mediados de 2020 se presentó un proyecto para conectar a más de 2.200 usuarios en varios municipios rurales de Chocó, a través de soluciones fotovlotaicas, es decir paneles solares. El contrato, por $36.023.328.066 más el costo de la interventoría, se entregó a un consorcio integrado por cuatro empresas para el objeto de construir, administrar, operar y mantener el proyecto: implementación de sistemas en la zona rural de los municipios de Bagadó, Cértegui, Lloro, Medio Baudó, Medio San Juan y Tadó del Departamento de Chocó.
El contrato se venció sin que los contratistas cumplieran en totalidad con la instalación de los paneles solares y sin presentar un plan de choque que fue solicitado, pese a haber recibido una parte de los recursos para la ejecución por alrededor de 8.000 millones de pesos. La Unidad de Gestión del Riesgo decidió terminar el contrato, luego de que se evidenció que los contratistas no cumplieron y tampoco tenían las condiciones para una prórroga.
El consorcio está integrado por las empresas Organización Energía para la paz “Enerpaz”, en cabeza del excongresista Gustavo Rafael Vives Pupo; Construcción y Consultoría Especializada Ltda, representada por Astrid Cecilia Llinas Jessup; Logike Intellectus SAS, por René José Gonzáles Polet; y Servicios de Ingeniería Inversiones y Maquinaria SAAS, que representa Paola Andrea Pineda Gamarra.
Las autoridades ya están revisando qué ocurrió con cerca de los 8.000 millones de pesos entregados a los contratistas, además de la interventoría. De hecho, el incumplimiento del contrato para la instalación de los paneles solares ya tiene a la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General con todas las lupas sobre el caso.
Para este caso también hubo un papel relevante del Ministerio de Minas. Según explicó la propia cartera, el viceministro Miguel Lotero tenía que participar en una junta directiva para votar la aprobación del proyecto, previamente evaluado por la Unidad de Planeación Minero Energética. Así se hace regularmente con los proyectos del Fondo dependiendo del sector al que atiendan. Si se trata de Energía, el Ministerio de Minas envía un delegado a junta directiva para votar aprobación; si se trata de Vivienda, lo propio hace el Ministerio de Vivienda; si se trata de Residuos, el delegado es del Ministerio de Ambiente.
La historia no para ahí. Una fuente de alta confianza de La FM le dijo a esta emisora que a finales del 2019 fue buscada para conseguir unas garantías bancarias con el fin de participar en el proyecto, pero no logró conseguirlas y tomó distancia del caso porque le dijeron que se trataría de un contrato que ya estaba definido.
La directora del fondo a cargo de Gestión del Riesgo explicó que en efecto se trata de un incumplimiento por el vencimiento del contrato y agregó que la oficina jurídica de la entidad ya está revisando los posibles caminos para reaccionar y no perder los recursos. Del total de 36.000.000 millones destinados, solo se alcanzaron a girar 8.000 al consorcio.
Por ahora las autoridades inician una aproximación para determinar en qué se invirtieron los 8.000 millones de pesos, en dónde están y cuáles son las razones exactas del incumplimiento.
Tomado de La FM.