Para la Fiscalía General los cinco integrantes de la denominada ‘Primera Línea’ de la localidad de Suba representan un peligro para la sociedad y por eso deben ser cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Así lo expuso el fiscal en el recurso de apelación presentado en contra de la decisión del juez de control de garantías de Bogotá que les otorgó, el pasado 30 de octubre, el beneficio de la detención domiciliaria.
En su exposición, los integrantes de este grupo que participó activamente en las protestas y manifestaciones que se adelantaron durante el Paro Nacional en esta zona de la ciudad deben estar en prisión mientras se adelanta el proceso judicial.
Señala que durante las protestas que convocaron y lideraron los integrantes de la ‘Primera Línea’, seis auxiliares de la Policía fueron “agredidos, retenidos, afectados en su dignidad humana, humillados” por parte de los manifestantes.
Relató además como en medio de una de las marchas en cercanías al humedal Juan Amarillo, destruyeron e incineraron un bus articulado del Sistema Integrado de Transporte (SITP) que prestaba un servicio público.
“No es carreta de la Fiscalía les impute el delito de tortura y terrorismo”, precisó el delegado del ente investigador al revelar la gravedad de los hechos que se presentaron durante las protestas lideradas por este grupo en la capital de la República.
Por su parte, la representante de la Procuraduría General avaló la petición de la Fiscalía General indicando que las acciones de este grupo generaron daños en la infraestructura cercanos a los 800 millones de pesos.
Un juez de conocimiento de Bogotá deberá definir ahora si acepta o no los argumentos y revoca la detención domiciliaria.